Una oferta jugosa
Maximiliano Caloni
Ecos Diarios
Desde el año 2022, la Justicia investiga el accionar de una “Red de sacamultas”. La causa es llevada adelante por el fiscal Álvaro Garganta y avalada por el juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, quienes en los últimos días dispusieron una serie de medidas judiciales, donde están en la mira abogados, jueces y gestores bonaerenses, y alcanzaría a 8 Juzgados de la Provincia.
“La investigación comenzó con la denuncia de un particular en la cual distintos funcionarios, principalmente de la administración provincial, y específicamente del Ministerio de Transporte, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo, actuaron en connivencia con gestores y con terceros, ajenos a la dependencia”, reveló el propio fiscal Garganta en Radio Mitre.
Rápido de reflejos, ante esta situación, el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D´Onofrio, se presentó ante la Justicia y será querellante en la causa, dado que, de confirmarse las sospechas del fiscal y el juez, el gobierno provincial habría sido perjudicado económicamente en millones de pesos.
¿Cómo es el modus operandi? El fiscal Garganta sospecha de una red de complicidades entre funcionarios provinciales, jueces de faltas, abogados y gestores. Las gestorías, que promocionan sus servicios en la vía pública y a través de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, ofrecen reducir multas al 50%. Con ese dinero, los gestores van al juzgado y logran eliminar las multas por razones técnicas o disminuir el monto, lo que afecta gravemente la recaudación provincial y municipal.
A estos conductores, les ofrecían su “servicio de gestoría” para pagar la multa, pero con un beneficio del 50%. Es decir, abonar la mitad de la multa real, más un pago a quien realizaba el servicio, obviamente.
Garganta cree que quienes cometen este delito, “ingresan al sistema de los juzgados, reducen la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia del sector se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”.
Win-win, diría cualquier hijo de vecino “de bien” que entra en el juego. Por un lado, logra reducir su multa en un 50 por ciento y, a la vez, no queda registro alguno de la infracción. Todo de forma legal, según quienes llevan adelante el delito.
Hay que recordar que en la ley provincial 13.927 (capítulo 2, artículo 32), se establece que las infracciones de tránsito “cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías, y semi autopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive las que atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de infracciones de tránsito Provincial”.
Además, se investiga si estos juzgados provinciales podrían estar manipulando los sistemas de los juzgados de faltas municipales, transfiriendo multas locales a otras instancias para evitar su cobro. Hoy la Justicia está trabajando sigilosamente en la investigación penal preparatoria y se encuentra en la etapa de recolección de datos.
En los municipios
Pero más allá de la denuncia de un particular que sirvió para “tirar del piolín” y arrancar la investigación, se cree que la bola de nieve puede crecer, crecer y seguir creciendo.
Es que algunos intendentes también comenzaron a sospechar de este entramado delictivo al notar cómo caían sus recaudaciones por las faltas de tránsito. En algunos casos, por un pago menor al establecido, como contamos más arriba; y en otros porque la red delictiva tiene la posibilidad de “mover” de jurisdicción la multa y, de esa manera, el cliente paga menos.
Si bien no hay número oficiales al respecto, se cree que la defraudación al estado provincial y algunos municipios sería de, al menos, 45 mil millones de pesos.
Como marcáramos en el primer párrafo de esta nota, se cree que al menos 8 juzgados de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires están llevando adelante diferentes diligencias en torno a este caso.
Como es habitual, esto ha generado cierto “revuelo” en las dependencias encargadas de realizar las infracciones de tránsito en el territorio bonaerense y, también, en juzgados de Faltas.
Si bien aún no hay información referida a qué ciudades son las donde se podrían estar realizando estas estafas, en Necochea aún no hay una investigación en curso. Sin embargo, esto no significa que el delito no esté ocurriendo.
“No pagues de más. 50% en multas de tránsito OFF en CABA y Bs. As.”, reza un mensaje, al estilo placa publicitaria que circula en grupos y listas de difusión de WhataApp, que ofrece un servicio de gestoría que, obviamente, parece asemejarse bastante a lo que ha planteado el fiscal Garganta.
En lo que va del año, las multas de tránsito acumulan un incremento del 347,77%, ya que hasta diciembre de 2023 el valor de la UF era de $290,10 y hoy ese valor es de $1.299. Los nuevos precios fijados por la Provincia se mantendrán durante todo el bimestre septiembre-octubre.
Hoy en día, cruzar el semáforo en rojo podría costar entre 100 y 300 UF; es decir entre $129.900 y $389.000.
La multa más cara es por conducir con exceso de alcohol en sangre, luego de haber consumido drogas, o también circular en contramano o por la banquina. Esto cuesta de 200 a 1.000 UF, según la determinación de los jueces de faltas, el equivalente a un rango que va desde los $259.800 hasta los $1.299.000.
Sin dudas, un 50 por ciento de descuento es una oferta más que jugosa para aprovechar… pero cuidado, porque la investigación en curso parece recién haber encontrado la punta del ovillo.
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