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La decisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de trasladar cerca de 10.000 cápitas desde el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ferreyra" a la clínica privada Cruz Azul ha desatado, en principio, una fuerte polémica en nuestra ciudad.
No sólo por la forma intempestiva con la cual se conoció la noticia, a través de una notificación enviada por la centralidad de PAMI hacia la Municipalidad, sino también porque ha movilizado a la política vernácula en pos de conocer el por qué de dicha decisión.
Rápidamente, el tema tomó volumen con una fuerte declaración del intendente, Arturo Rojas, que no solamente se limitó a criticar a las autoridades del organismo, sino también aseguró que la decisión generará graves trastornos a los afiliados a PAMI, ya que, a su entender, la clínica privada no está en condiciones de brindar los servicios necesarios.
El impacto inmediato no solo afecta la estructura económica del hospital local, sino también reconfigura el mapa de atención de los adultos mayores en el distrito. Con la implementación prevista para el 1º de agosto, y aún sin confirmación oficial de una revisión o suspensión definitiva, la preocupación crece entre afiliados, trabajadores de la salud y autoridades locales.
Para entender el alcance del problema es necesario remontarse a la historia reciente de la distribución de cápitas en Necochea. Durante años, las prestaciones del PAMI se repartieron entre tres instituciones: el Hospital Ferreyra, la desaparecida Clínica Regional, y la Clínica Cruz Azul. Cada una de ellas contaba aproximadamente con un tercio de las cápitas.
Sin embargo, con el cierre de la Regional, Cruz Azul pasó a absorber entre 8.500 y 9.000 afiliados adicionales. Posteriormente, una auditoría realizada durante la gestión de Alberto Fernández concluyó que la clínica privada no tenía la capacidad física ni profesional para atender semejante volumen de pacientes. Fue entonces cuando algunas miles de cápitas regresaron al sistema público, reforzando la posición del Hospital Ferreyra como prestador de referencia para los adultos mayores de la ciudad.
Ahora, con un cambio de gestión a nivel nacional, la decisión de revertir aquella medida y volver a derivar las cápitas al sector privado deja en evidencia que la intención de la casa central es priorizar al sector privado por sobre el público. Según declaraciones del intendente Arturo Rojas, este traslado significa la pérdida de una masa de recursos que ronda los 180 millones de pesos mensuales, ingresos que actualmente garantizan el funcionamiento operativo y de internación del hospital.
La preocupación de las autoridades locales no se limita a una cuestión presupuestaria. Lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema de salud municipal, que quedará obligado a seguir atendiendo a miles de afiliados del PAMI que, por cercanía o confianza, seguirán acudiendo al hospital, pero sin que éste perciba fondos por esas prestaciones.
Por su parte, el concejal y máximo referente de La Libertad Avanza Necochea, Mariano Valiante, propuso como salida una división equitativa del padrón, sugiriendo un esquema 50/50 entre el hospital y la Cruz Azul. "Lo que debe primar es la salud del paciente, no la lógica público-privada o los intereses económicos", sostuvo en Ecos Radio. Esta posición, en apariencia conciliadora, reconoce la necesidad de garantizar opciones para los afiliados, pero también pone el foco en la insuficiente infraestructura del sistema privado para asumir tamaña carga.
Uno de los puntos centrales de esta problemática radica justamente en la capacidad real de la Clínica Cruz Azul. A pesar de haber recibido miles de cápitas en etapas anteriores, los informes dados a conocer por la Municipalidad indicaron que no cuenta con suficientes camas, equipamiento ni personal para responder a la demanda. Si el sistema público se ve sobrecargado sin recursos, y el privado no da abasto, el resultado es una precarización de la salud para los más vulnerables: los adultos mayores.
La reunión del intendente Rojas con las autoridades regionales de PAMI, Javier Vallejos y Saúl Martoccia, permitió, al menos, postergar la entrada en vigencia del cambio hasta concretar nuevos encuentros con representantes de la clínica y del nivel central del instituto. Sin embargo, la falta de definiciones claras deja al sistema en una situación de inestabilidad y a los afiliados en una especie de limbo sanitario.
Mientras tanto, los afiliados se preguntan qué les espera a partir de agosto. ¿Serán atendidos donde estén acostumbrados? ¿Tendrán que trasladarse a una clínica saturada o con turnos diferidos? ¿Qué pasará si una urgencia no puede ser resuelta por cuestiones administrativas?
La salud no admite improvisaciones, ni tampoco distracciones. Tal como ocurre con el gato que juega con el ovillo, éste parece algo inofensivo, pero es un “juguete” peligroso si no se le da la trascendencia que debe tener.
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