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La muerte de Martina Fernández, una joven de apenas 19 años, tras un accidente en la intersección de las calles 46 y 53 de Necochea, sacude nuevamente a nuestra comunidad y nos interpela -de manera profunda y urgente- al conjunto de la sociedad y al Estado sobre la seguridad vial y las enormes brechas que aún existen en la prevención de siniestros de tránsito.
La noticia se conoció con conmoción: Martina, que circulaba en su motocicleta, impactó con un automóvil y, pese al traslado de urgencia y los esfuerzos del personal médico, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Este tipo de tragedias no sólo deja un espacio vacío en las familias y entre sus amigos, sino que obliga a una reflexión colectiva sobre las políticas de tránsito, la educación ciudadana y el rol del Estado en su función protectora.
Cada siniestro vial no es una estadística más. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades en estas mismas líneas. Es una historia de, al menos, una familia truncada. En ciudades como la nuestra -donde la movilidad en motos es significativa por razones económicas y de practicidad- la seguridad vial debería ser un eje central de las políticas públicas. Esto implica inversiones en señalización, mantenimiento de calzadas, gestión de velocidades y, sobre todo, campañas educativas constantes que trasciendan la simple advertencia para instalar en la conciencia ciudadana la importancia de usar casco, respetar señales y normas y anticipar riesgos.
La evidencia local está ahí: accidentes graves no son hechos aislados. Si bien la muerte de Martina conmueve especialmente por su juventud, otros casos recientes en calles y avenidas muestran un patrón preocupante de choques con conductores a alta velocidad, faltas de control en intersecciones y usuarios de motos expuestos sin las debidas medidas de protección.
Esta realidad obliga a preguntarse: ¿qué están haciendo nuestras autoridades y nosotros mismos para reducir la siniestralidad? Las respuestas no pueden limitarse a la inspección policial ocasional o a operativos de tránsito esporádicos. La seguridad vial exige una política integrada, en la que participen municipio, provincia, fuerzas de seguridad, colectivos educativos, clubes de barrio, familias y jóvenes. Los programas de prevención -en escuelas y centros comunitarios- deben enseñar desde la base sobre el respeto a normas, los riesgos de la velocidad y el uso de elementos de protección personal. Un casco homologado, por ejemplo, puede ser la delgada línea entre la vida y la muerte.
Asimismo, el Estado debe articular con más fuerza medidas estructurales: señalización clara en zonas de alto tránsito, rotondas o semaforización en cruces conflictivos, campañas de concientización masivas, dispositivos de control de velocidad (radares) y sanciones consecuentes para infractores. También deberían implementarse mecanismos de evaluación y monitoreo de accidentes, con estadísticas públicas accesibles que permitan diseñar políticas basadas en evidencia y no en ocurrencias.
En Necochea existe el Observatorio Vial desde la llega del intendente Arturo Rojas, allá por 2019. Pero hasta el momento, es poco lo que se sabe respecto a las estadísticas que el mismo arroja y, por ende, qué medidas se van tomando con el objetivo puesto en reducir estos accidentes de los que tanto hablamos.
Pero más allá de las políticas de gestión, hay un imperativo moral y social: educar a las nuevas generaciones en la cultura de la prevención. La calle no es un espacio de riesgo inevitable; es un espacio de convivencia. Enseñar a adolescentes y jóvenes a conducir responsablemente no es solo cuestión de normativa, sino de valores: respeto al prójimo, comprensión de las consecuencias de nuestras decisiones y responsabilidad sobre nuestras acciones. Esto debe comenzar en la familia, continuar en la escuela y reforzarse con mensajes públicos claros.
La pérdida de una vida joven como la de Martina es un recordatorio doloroso de que la indiferencia ante la seguridad vial tiene costos humanos irreparables.
Nunca habrá una política suficientemente perfecta que evite todos los siniestros, pero sí hay políticas públicas que pueden salvar vidas si son implementadas con coherencia, recursos y continuidad. La seguridad vial debe ser un desafío colectivo, que requiere compromiso ciudadano y una respuesta estatal que no espere a que otra tragedia nos golpee antes de actuar.
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