“A veces hay que retroceder dos pasos, para avanzar uno”, reza una de las frases célebres de Napoleón Bonaparte.
Hoy, la situación que vive el transporte público de pasajeros tras la declaración de la emergencia en el sector dictada por el Concejo Deliberante en marzo pasado, parece acercarse a esa definición dada por el político y militar francés siglos atrás.
La última reunión de la Comisión para el Seguimiento del Transporte dejó en claro que, las diferencias entre algunos bloques políticos con las dos empresas que prestan el servicio (Compañía de Transporte Necochea y Micro Ómnibus Nueva Pompeya) se encuentran en un punto de tensión demasiado elevado.
Cabe recordarse que, tras la aprobación de aquella emergencia, que fuera presentada por el bloque de “Crear más Libertad” y apoyada por el oficialismo de Nueva Necochea y la Agrupación Comunal Transformadora, las empresas fueron autorizadas a establecer de forma unilateral el precio del boleto plano.
Semanas más tarde, las mismas decidieron que el nuevo valor del pasaje para los usuarios necochenses sería de 798 pesos (un 270 por ciento más, ya que previamente el valor era de 295 pesos). En junio pasado, volvieron a incrementar el mismo llevándolo hasta los $998,50.
Al realizar la defensa del proyecto aprobado, Verónica Bibbó, de La Libertad Avanza, aseguró que “esto no es un cheque en blanco para nada”, y que además “será la empresa la que deberá encontrar el equilibrio”.
En la misma línea, el presidente de la bancada oficialista, Bernardo Amílcar, indicó que “acá lo que sucede es que las empresas van a tener que buscar el equilibrio”. El otro voto que permitió la aprobación del proyecto fue el del concejal de la ACT, hoy de licencia, Juan Pedro Arabarco. En aquella sesión, reconoció que “desde el Concejo Deliberante no le podemos encontrar el agujero al mate”, y terminó pidiéndole a las empresas tener responsabilidad social y criteriosos como en el 2001, cuando pasaron por esta misma situación.
Quienes se levantaron en contra de la declaración presentada por los libertarios, que fieles a los postulados nacionales de Javier Milei, plantean la desregulación de prácticamente toda la actividad económica conocida, fueron los bloques de Unión por la Patria en ambas ramas, la Unión Cívica Radical y Compromiso Vecinal por Necochea.
A punto de cortarse
Está más que claro que los pedidos hechos por los concejales, a las empresas poco les importaron. El “equilibrio” del que tanto se habló a la hora de generar un nuevo valor en el precio del boleto quedó sumido a una mera expresión de deseo.
En tres meses, el boleto plano subió más de un 330 por ciento de aquellos $295 iniciales a estos 998,50 de la actualidad. Por supuesto, en el medio quedaron los usuarios del servicio, que son prácticamente rehenes de la situación desde hace ya varias décadas.
Como hemos relatado en estas mismas páginas, la situación de las empresas de transporte urbano penden de una fina cadena, cada vez más propensa a quebrarse por el peso de la tarifa del que tanto han hablado los concesionarios del servicio.
La decisión por parte del gobierno provincial de Axel Kicillof, a través de la Secretaría de Transporte bonaerense, de aumentar el dinero que se envía a las empresas del interior para sostener los servicios volvió a poner en el ojo de la tormenta el valor del pasaje.
La propia gestión provincial, tras el anuncio del envío de más fondos, comenzó a presionar a los gobiernos municipales para que obliguen a las empresas a bajar la tarifa plana de cada recorrido. El objetivo de Kicillof es claro: el subsidio debe llegar al usuario y no a la renta de las empresas.
Así planteada la situación, algunas localidades lograron acordar una baja en las tarifas del transporte público de pasajeros, el cual, como ya hemos remarcado, es una concesión municipal, no un sistema privado del cual el Estado puede deslindarse.
Sin embargo, lo ocurrido en otras ciudades no ha tenido, al menos hasta el momento, repercusión alguna en Necochea. Rápidos de reflejo, aquellos concejales que ya se habían opuesto a la ordenanza para declarar la emergencia del sistema, volvieron a tomar notoriedad pública y les reclamaron a las firmas locales que retrotraigan los últimos aumentos.
La semana anterior, las empresas presentaron una nota ante el Departamento Ejecutivo para bajar el precio del boleto en 56,50 pesos. Como es habitual, justificaron esta escasa disminución en los costos operativos y el crecimiento constante que tienen en los valores de sus insumos.
La última reunión en la Comisión de Seguimiento del Transporte entre concejales y empresarios dejó en claro que la situación está, al menos, en un momento álgido.
Con algunas chicanas desde ambos lados, con frases como “consigan los votos” para dar de baja la emergencia o “por eso no hay que darles subsidios” a las firmas, todo terminó con un impasse y con el enojo de varios bloques porque pareciera que no se puede avanzar en una resolución.
La posibilidad de que se presente en la próxima sesión un nuevo proyecto de ordenanza para, en este caso, dar de baja la emergencia otorgada en marzo es muy factible. Pero la pregunta que resuena en los pasillos del Concejo es una: ¿quién/es dan vuelta su voto?
Como dijimos aquí, la emergencia fue aprobada por mayoría con 11 votos favorables. Para que esto cambie, se necesita, al menos, que dos de esos 11 concejales cambien de opinión. ¿Unión por la Patria podrá hacer interceder al gobernador o al secretario de Transporte para que el oficialismo local modifique su postura primaria?
Tal vez, sea el momento de retroceder dos pasos, analizar el contexto de la situación, y luego avanzar uno: un nuevo cuadro tarifario, que involucre cambios y mejoras en el servicio.
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