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Hay canciones que, con el paso del tiempo, terminan adquiriendo significados que van mucho más allá de la intención de quien las escribió. “Raros peinados nuevos”, de Charly García, es una de ellas. Una invitación a mirar aquello que incomoda, que se sale de lo establecido y que muchas veces es señalado simplemente por ser diferente. En una sociedad que todavía tiene dificultades para convivir con las diversidades, la frase adquiere total actualidad. Porque detrás de ciertos prejuicios, de algunas burlas y de determinadas expresiones de intolerancia, persiste una violencia que puede pasar de las palabras a los golpes.
Lo ocurrido días atrás en los bosques de Palermo es una muestra brutal de esa realidad. Un grupo de jóvenes y adolescentes persiguió y atacó a mujeres trans con palos, piedras, conos viales y otros elementos, mientras registraba las agresiones con sus teléfonos celulares.
Los videos, que luego circularon por las redes sociales, muestran una escena difícil de comprender: personas convertidas en blanco de una persecución colectiva, insultadas y golpeadas por su identidad de género, mientras algunos de los agresores parecían encontrar diversión en lo que estaban haciendo.
Según las primeras reconstrucciones, al menos seis mujeres resultaron lesionadas y una de ellas sufrió una lesión gravísima, con la pérdida de una oreja. La Defensoría LGBT porteña anunció que trabajaba en una denuncia penal y la Fiscalía especializada en discriminación inició actuaciones para identificar a los responsables. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales, pero hay algo que las imágenes ya dejaron en evidencia: no se trató de una discusión callejera que terminó mal ni de una simple provocación juvenil. Hubo persecución, violencia física, insultos discriminatorios y una decisión de exhibir lo ocurrido como si fuera un espectáculo.
Quizás uno de los aspectos más preocupantes sea precisamente ese último detalle. La agresión no terminó cuando los atacantes se alejaron. Continuó en las redes, donde las imágenes fueron compartidas y celebradas por algunos de sus protagonistas.
La violencia convertida en “contenido”, la humillación ajena como entretenimiento y la identidad de las víctimas como motivo de burla. Una escena que obliga a preguntarse qué clase de sociedad estamos construyendo cuando el sufrimiento de otra persona puede transformarse en una publicación acompañada de risas.
No alcanza con condenar el episodio una vez que los videos se viralizan. Es necesario investigar, sancionar a quienes participaron y acompañar a las víctimas. Pero también resulta imprescindible discutir el contexto en el que estas conductas se desarrollan. Los discursos que descalifican, ridiculizan o presentan a las diversidades como una amenaza no son inocuos. No convierten automáticamente a alguien en agresor, pero contribuyen a construir un clima en el que la discriminación encuentra justificaciones y la violencia puede terminar naturalizándose.
La Argentina ha recorrido un camino importante en materia de reconocimiento de derechos. Sin embargo, las leyes no modifican por sí solas las prácticas sociales ni eliminan los prejuicios. La igualdad formal puede convivir con situaciones cotidianas de exclusión, hostigamiento y violencia. Para muchas personas trans, caminar por la calle, acceder a un empleo, recibir atención sanitaria o simplemente mostrarse tal como son continúa implicando enfrentar obstáculos que buena parte de la sociedad ni siquiera advierte.
En ese escenario, las marchas del Orgullo son espacios de visibilidad, memoria y reivindicación. También son una respuesta colectiva a una historia de persecución y silenciamiento. Por eso resulta necesario mirar lo que sucede en Necochea, donde cada verano el colectivo LGBTIQ+ organiza su movilización y ocupa las calles de la zona de la playa para expresar sus demandas.
La 14ª Marcha del Orgullo y Lucha, realizada en febrero de 2026, estuvo atravesada por una situación que no debería pasar inadvertida. La organización denunció dificultades inéditas para conseguir las autorizaciones vinculadas con el uso del espacio público. Según sus representantes, pese a haber presentado la documentación con anticipación, aparecieron nuevas exigencias, demoras y cuestionamientos sobre el lugar donde debía desarrollarse el festival posterior a la movilización.
La discusión llegó al Concejo Deliberante, donde se plantearon requisitos vinculados con la utilización del espacio público, los baños químicos y los seguros. Desde la organización cuestionaron que se aplicaran condiciones que, a su entender, no correspondían a una movilización autogestiva y reclamaron que no se confundiera una manifestación política con un espectáculo privado. También expresaron su preocupación por la insistencia en trasladar el cierre al anfiteatro, un espacio donde, según denunciaron, habían sufrido agresiones en una edición anterior.
Finalmente, la marcha se realizó y reunió a alrededor de 300 personas. Pero el episodio dejó una señal que merece atención. Durante años, la convocatoria había formado parte del calendario de actividades de la ciudad sin que la confirmación de su fecha y recorrido se convirtiera en una discusión de semejante magnitud. Que una movilización de estas características deba atravesar tantos condicionamientos administrativos para ocupar un espacio público resulta, como mínimo, preocupante.
Es cierto que el Estado debe garantizar la seguridad, ordenar el tránsito y establecer condiciones razonables para la utilización de los espacios comunes. Nadie discute la necesidad de coordinar esos aspectos. La cuestión es otra: que los procedimientos no terminen transformándose en obstáculos desproporcionados ni en una herramienta para condicionar el contenido, la visibilidad o el lugar de una expresión colectiva.
La Marcha del Orgullo no es solamente un evento cultural o turístico, aunque también convoque visitantes y forme parte de la agenda de verano. Es, ante todo, una manifestación política y social. Su razón de ser está vinculada con derechos que todavía necesitan ser defendidos. Y esa dimensión no debería incomodar a ninguna institución democrática.
La próxima edición, prevista para el 15 de enero de 2027, ya comenzó a organizarse y sus representantes volvieron a presentarse ante el Concejo para coordinar el uso de los espacios y las actividades. La fecha está anunciada, aunque todavía quedan cuestiones organizativas por resolver. Sería deseable que esta vez el diálogo institucional permita anticipar las necesidades y evitar que la discusión vuelva a convertirse en una carrera de obstáculos.
Palermo y Necochea son escenarios diferentes, pero hay un hilo que permite relacionar ambos episodios: la manera en que una sociedad trata a quienes no encajan en los modelos que algunos consideran aceptables. En un caso, la violencia física y explícita de un grupo que persigue y golpea. En el otro, las dificultades institucionales que debió enfrentar una comunidad para garantizar su derecho a manifestarse. No son hechos equivalentes, pero ambos invitan a reflexionar sobre los límites de la tolerancia y el lugar que ocupan las diversidades en la vida pública.
Tal vez el problema nunca haya sido tener raros peinados nuevos. El problema aparece cuando alguien cree que tiene derecho a decidir cómo deben vestirse, amar, expresarse o vivir los demás. Y se vuelve mucho más grave cuando esa intolerancia se transforma en golpes o cuando las instituciones, en lugar de facilitar el ejercicio de los derechos, parecen olvidar que también tienen la obligación de protegerlos.
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