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La Ley Orgánica de las Municipalidades es el marco legal normativo que rige la organización, estructura, funcionamiento y competencias de los gobiernos locales. En la Provincia de Buenos Aires, establece claramente la división de poderes.
Por un lado, el Departamento Ejecutivo, encabezado por el Intendente, quien tiene a su cargo la administración y ejecución de las ordenanzas; y por otro el Legislativo, compuesto por los ediles que integran el Concejo Deliberante, responsables de crear las normas, aprobar presupuestos y controlar al Ejecutivo.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de analizar la posibilidad de un “conflicto de poderes” entre el Ejecutivo que encabeza Arturo Rojas y el Concejo Deliberante, tras la sanción de una ordenanza que extiende beneficios hacia los excombatientes de Malvinas y sus familias, generó una semana de tensión dentro del legislativo necochense y, a su vez, mostró la falta de conocimiento de varios de los ediles sobre los roles que cada uno debe ocupar.
Tras la presentación del Departamento Ejecutivo ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia, éste resolvió “conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de Necochea, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y689, CPCC)”.
Básicamente, lo que la Corte pide es que el legislativo local envíe la información necesaria sobre la ordenanza que fuera aprobada, luego vetada por Rojas y finalmente insistida por los ediles al tener los votos positivos de los dos tercios de los 20 ediles que componen el Concejo.
Lo que es simplemente un trámite burocrático y administrativo, se terminó transformando en una situación política que derivó en el pedido de licencia del propio presidente del cuerpo, Marcelo Schwarz, el cual le fue otorgado por sus pares en la sesión del pasado jueves.
Pero antes de tomarse tal decisión, el edil de Nueva Necochea intentó explicar las razones por las cuales no iba a firmar y enviar lo que la Suprema Corte solicitó. Y allí, al expresar sus razones, es que quedó en claro la falta de conocimiento que existe en gran parte de los ediles sobre cuál es el rol que cada uno debe ocupar.
Schwarz dijo ante sus pares que como él no había votado favorablemente la ordenanza, entendía que no debía firmar el requerimiento de la Corte, ya que encontraba una cierta contradicción entre su opinión política en favor del oficialismo local y lo que había decidido la mayoría del Concejo.
Por supuesto, algunos de sus pares de la oposición, le aclararon que lo que debía producirse era simplemente un acto administrativo, no político; y que dentro de las funciones que tiene como presidente del Cuerpo, está la de representar a todo el Concejo Deliberante en situaciones como las aquí descriptas.
Más allá de las cuestiones políticas esgrimidas por Schwarz, la realidad es que el cargo que actualmente ocupa no lo hace representante del Ejecutivo ante los concejales, sino lo inverso.
Un claro ejemplo de esto es lo sucedido hace unos pocos años en nuestra ciudad, cuando el Concejo Deliberante inició el proceso que culminó con la destitución del por entonces intendente Horacio Tellechea.
En aquel entonces, el presidente del cuerpo era José Luis Vidal, quien había encabezado la lista de concejales del propio Tellechea. Cada acto administrativo debió ser firmado por él y el secretario del Concejo, más allá que nunca votó a favor de ninguna de las cuestiones que planteó la Comisión Investigadora conformada en aquellos tiempos.
El actual presidente del legislativo local, que fue votado de forma unánime para acceder a ese cargo por el resto de los ediles, fue protagonista de una fuerte discusión en la reunión de Labor Parlamentaria y, finalmente, aceptó que debía solicitar licencia para de esa forma el vicepresidente primero, Juan Cerezuela, firme el requerimiento y envíe lo solicitado por la Corte. Incluso, alguno de los pares de Schwarz se preguntaron para qué lo votaron, si finalmente ante la necesidad de ser representados ante una institución como la Corte, finalmente declinó su responsabilidad.
Lo ocurrido durante la última semana deja además una enseñanza que excede largamente la discusión puntual sobre los beneficios a los veteranos de Malvinas. Lo que quedó expuesto fue una preocupante confusión entre las convicciones políticas personales y las responsabilidades institucionales que cada dirigente asume cuando ocupa un cargo público.
La democracia funciona precisamente porque las instituciones están por encima de las personas. Los concejales llegan al recinto representando espacios políticos, ideologías y proyectos de gobierno distintos, pero una vez elegidos para determinadas funciones, deben comprender que existen obligaciones que trascienden sus preferencias individuales. Quien preside un cuerpo legislativo no representa únicamente a su bloque; representa al conjunto del Concejo Deliberante. Del mismo modo que un intendente debe gobernar para todos los vecinos y no solamente para quienes lo votaron.
Detrás de la discusión jurídica existe un problema político que no puede ser ignorado. Las instituciones son tan fuertes como la capacidad de quienes las integran para comprender y respetar sus funciones. Cuando los roles se confunden, cuando las responsabilidades se interpretan según las conveniencias del momento o cuando las decisiones administrativas se transforman en disputas personales, el riesgo es que se termine debilitando la confianza ciudadana en los organismos que sostienen la vida democrática.
Quizás allí radique la principal enseñanza de este episodio. Más allá de la ordenanza, del veto, de la insistencia legislativa o de la intervención de la Suprema Corte, lo que quedó en evidencia es la necesidad de recuperar una cultura política basada en el respeto institucional. Porque las personas pasan, los gobiernos cambian y las mayorías se modifican. Pero las instituciones permanecen. Y son ellas, en definitiva, las que garantizan que la democracia siga funcionando aun cuando los conflictos políticos parezcan imposibles de resolver.
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