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En apenas los últimos días, nuestro distrito volvió a ser escenario de siniestros de tránsito que, aunque no siempre dejan víctimas fatales, revelan una problemática que -más allá del titular de la crónica policial- tiene profundas consecuencias para la vida urbana, la salud pública y las finanzas municipales.
El jueves pasado dos accidentes sucedieron casi uno tras otro en Necochea y Quequén: un choque entre dos automóviles en la esquina de Avenida 58 y calle 55, que detuvo el tránsito y obligó a la intervención de las autoridades, y un impacto entre una camioneta y una motocicleta en Quequén, donde el conductor del rodado menor debió ser asistido por ambulancia y trasladado para su evaluación médica. Ambos hechos, aunque aparentemente leves, fueron parte de una escalada de siniestros viales que se repite semana tras semana.
Un repaso de notas publicadas en los últimos meses en estas páginas, revela una secuencia preocupante: en enero un motociclista sufrió heridas de consideración tras colisionar contra un automóvil en la intersección de Avenida 74 y calle 65, y casi simultáneamente otro choque moto-auto dejó a otra persona trasladada a la guardia.
En noviembre, un trágico accidente en la ruta 86 costó la vida a un motociclista que chocó contra un camión con acoplado, un hecho que no solo estremeció a la comunidad sino que puso bajo la lupa la seguridad en rutas que conectan nuestro distrito con el interior provincial. Todo esto sin mencionar episodios fatales y con heridos graves que, aunque ocurridos en años previos, muestran que las rutas y el tránsito urbano siguen siendo una deuda pendiente en términos de seguridad vial.
Lo que pocas veces se dice en titulares es el costo -tan humano como económico- que estos siniestros generan para la ciudad. Cada accidente, aunque no haya lesionados de gravedad, implica la movilización de ambulancias, personal médico, agentes de Tránsito, Defensa Civil, policías y peritos de Policía Científica, cuyos recursos son limitados.
Ese despliegue tiene un impacto directo en las finanzas del Estado municipal, que no solo debe responder a la emergencia, sino sostener servicios que ya vienen tensionados por la demanda cotidiana.
No puede soslayarse que, en siniestros con heridos, las ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las guardias del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” son el primer eslabón de una cadena de atención que, en días de alta siniestralidad, literalmente no da abasto.
El tiempo de respuesta se alarga, los recursos se desgastan y las prioridades se reconfiguran minuto a minuto, muchas veces a expensas de otras urgencias médicas no relacionadas con el tránsito. Cada traslado y cada atención significa horas de trabajo para profesionales ya exigidos por la demanda que genera una ciudad en expansión demográfica y vehicular.
A esto se suma la responsabilidad que recae sobre los inspectores de la Dirección de Tránsito municipal (área de la cual también ya hemos hablado en demasía en Ecos Diarios), que además de intervenir en hechos viales deben sostener operativos de control, educación preventiva y fiscalización. En muchos casos son los primeros en llegar a un choque para ordenar el caos, pero al mismo tiempo son los mismos que al día siguiente asisten a otro siniestro -y al siguiente y al siguiente- sin que parezca haber un freno a esta dinámica.
El impacto económico también es palpable. Cada accidente se traduce en costos directos como atención sanitaria, uso de equipamiento, horas extras, vehículos de emergencia movilizados y, en muchos casos, perjuicio para terceros: vehículos dañados, tiempos de trabajo perdidos, familias afectadas por incapacidades temporarias o permanentes. Y si hay una víctima fatal, el costo emocional se suma a los numéricos en una ecuación que hoy nadie parece dispuesto a resolver con políticas integrales.
A veces, es necesario reiterar algunas cuestiones, aunque parezcan obvias: No es suficiente lamentar muertos o lesionados en notas policiales; es momento de pensar políticas públicas de movilidad, educación vial, mejora del estado vial urbano y rural, señalización, controles de velocidad y alcoholemia, junto a campañas sostenidas de concientización. Porque cada choque -por pequeño que parezca- tiene detrás una historia humana, un gasto para el Estado y un llamado urgente a la responsabilidad colectiva.
Necochea no puede seguir acumulando accidentes como si fueran inevitables. El tránsito caótico tiene solución, pero demanda voluntad política, recursos y, sobre todo, una mirada estratégica que deje de ver estos hechos como simples noticias para convertirlos en prioridad de gestión.
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