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Hace exactamente 14 días, en esta misma columna, hablábamos de un hecho que había sacudido a toda nuestra sociedad: el crimen de un menor de edad a manos de otro joven, en el marco de una pelea callejera que no sólo quedó filmada, sino en la que nadie intervino con el objetivo de que no se llegara a ese triste final.
En aquel comentario, nos hacíamos una serie de preguntas retóricas sobre el hecho tratando de entender lo sucedido o buscando alguna explicación racional (posiblemente no exista) de lo acontecido en la madrugada de aquel viernes.
Una pregunta retórica, interrogación retórica o erotema, es una figura que consiste en formular una pregunta para la cual no se espera realmente una respuesta. Se emplea para expresar un sentimiento, afirmar un punto de vista o, a lo sumo, invitar al interlocutor a reflexionar sobre un asunto específico.
Pero mientras aún hoy seguimos como sociedad esperando algunas explicaciones o respuestas, el último martes otro hecho trágico se suscitó en Necochea: el femicidio de Débora Bulacio a manos de, según la propia investigación del fiscal Walter Pierrestegui, Ángel Andrés Gutiérrez, quien había llegado a nuestra ciudad junto a la víctima a pasar unos días de descanso en un camping.
Está más que claro que no es común, para una ciudad como la nuestra, dos hechos de estas características en tan corto lapso de tiempo.
También queda en claro que, en las últimas décadas, Argentina ha sido escenario de dos fenómenos profundamente interconectados y dramáticos: por un lado, la persistente escalada de los femicidios, y por otro, la creciente visibilidad -y frecuentemente estigmatización- de la violencia juvenil.
Los femicidios -asesinatos de mujeres por razones de género- no pueden entenderse como hechos aislados, sino como la culminación letal de estructuras patriarcales que sitúan al cuerpo femenino como objeto de control y violencia. Tal como advierte el Consejo de Profesionales en Sociología en una jornada dedicada al tema, “la violencia femicida se inscribe en un sistema donde la vida de las mujeres es considerada desechable”.
En ese sentido, los femicidios funcionan como alarmas extremas de una cultura de desigualdad.
Aun cuando el Código Penal incorporó agravantes por razón de género, situación que hoy el gobierno nacional, a través del propio Ministerio de Justicia cree que debe dejar de existir, muchas veces la respuesta estatal -y mediática- sigue siendo tardía o parcial. Sociólogas y sociólogos han señalado que “la disputa de los cuerpos” es tanto simbólica como real: el titular “drama pasional” sigue presente en medios y contribuye a naturalizar la violencia.
Por otra parte, la violencia en contextos juveniles -ya sea la protagonizada por jóvenes como la sufren- no puede limitarse a un problema de “inseguridad” o “delincuencia”, como planteábamos en aquellas preguntas 14 días atrás.
La combinación de factores -territorialidad, ausencia de oportunidades, violencia estatal o policial, falta de contención social- produce una lógica que trata a muchos jóvenes como “problemas” antes que como sujetos de derechos. La investigadora Ana Julia Aréchaga, en su trabajo “Jóvenes y violencia” (2008), sostuvo que la violencia se despliega en espacios cotidianos, invisibles, que luego explotan en episodios visibles.
Aunque los femicidios y la violencia juvenil pueden parecer trayectorias distintas, tienen algunos temas en común:
Ambos evidencian fallas estructurales: desigualdad social, pobreza, ausencia de redes de contención, debilidad institucional.
Ambos implican una forma de violencia simbólica: que normaliza ciertas vidas como menos valiosas, que reproduce estereotipos de género o juventud que terminan en muerte o exclusión.
Ambos reclaman una respuesta más amplia que el castigo: más allá de la cárcel o la pena, requieren intervención social, educativa, cultural, etc.
Y también hay líneas de fractura importantes: los femicidios requieren una mirada de género explícita; la violencia juvenil exige una política pública orientada a la inclusión, al acceso educativo, a la transformación de expectativas.
Parece quedar claro, entonces, que los femicidios y la violencia juvenil son espejos de nuestra propia fragilidad institucional, cultural y social. Porque allí donde la vida de algunos se considera secundaria, la democracia se debilita.
Volviendo sobre estos párrafos, tal vez sea momento que, como sociedad en su conjunto, debamos dejar de hacernos estas preguntas retóricas y tomar el compromiso/desafío de encontrar respuestas concretas a estas problemáticas que nos atraviesan.
Por supuesto, la dirigencia política debería ser la primera en alzar la voz y, a la vez, analizar posibles soluciones o proyectos para que estas cuestiones no se repitan.
En este sentido, sobre el crimen del menor de edad sólo se escuchó la palabra de la secretaria de Gobierno municipal, quien se limitó, ante Ecos Diarios, a brindar a alguna explicación sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo y alerta que se efectuó en fatídica noche del 1° de noviembre.
El resto de las instituciones u organismos que podrían brindar alguna perspectiva de lo ocurrido o, también, buscar algunas respuestas a preguntas retóricas, aún brillan por su ausencia.
No podemos seguir sumando muertes sin que la reflexión se convierta en acción. Cada femicidio o cada joven que muere, es una señal de que algo en nuestro tejido social está fuera de lugar. Si como sociedad queremos construir un lugar mejor, sin dudas debemos asumir las responsabilidades políticas y sociales para transformarnos y evolucionar.
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