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Hay un punto en el que las discusiones macroeconómicas dejan de ser abstractas y se vuelven concretas, cotidianas, palpables. Ese punto es el empleo. Y hoy, en la Argentina, ese es precisamente el terreno donde el modelo económico impulsado por Javier Milei empieza a mostrar sus tensiones más profundas.
El discurso oficial plantea con claridad un objetivo: equilibrio fiscal, baja de la inflación y desregulación de la economía. Sin embargo, ese camino tiene efectos colaterales que impactan de lleno en el mercado laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidencian un deterioro sostenido en el empleo registrado durante los primeros tramos de la actual gestión, acompañado por un aumento de la desocupación y, sobre todo, de la informalidad.
Más allá de la tasa puntual —que volvió a ubicarse por encima del 7% en distintos momentos recientes—, el dato estructural es otro: la pérdida de empleo formal. Distintas mediciones basadas en registros administrativos muestran que desde diciembre de 2023 se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo registrados, con fuerte impacto en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la industria y el comercio.
El caso de la construcción es, al menos, paradigmático. La decisión de frenar la obra pública nacional, una de las principales banderas del ajuste, generó una caída abrupta en la actividad y la pérdida de decenas de miles de empleos en pocos meses. La industria, por su parte, arrastra un proceso similar, con plantas que reducen turnos o directamente cierran ante la caída del consumo y el aumento de costos.
Ese fenómeno se vincula con otro dato clave: el cierre de empresas. En el mismo período, se estima que más de 20.000 firmas dejaron de operar en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas. Las PyMEs, que constituyen el núcleo del empleo privado, son particularmente sensibles a los cambios en la demanda y al encarecimiento de insumos, tarifas y financiamiento.
La ecuación es directa: menos empresas implican menos empleo. Y menos empleo implica menor consumo, lo que a su vez retroalimenta la caída de la actividad. Es un círculo que, lejos de estabilizarse rápidamente, tiende a profundizarse en el corto plazo.
Desde el gobierno se insiste en que este proceso es transitorio. Que se trata de un “sinceramiento” de la economía y que, una vez estabilizadas las variables macro, llegará una etapa de crecimiento. El problema es el “mientras tanto”. Porque ese tránsito tiene costos sociales concretos.
Uno de los aspectos más discutidos de la gestión libertaria es la política laboral. Las reformas impulsadas apuntan a flexibilizar condiciones de contratación, reducir costos para los empleadores y fomentar esquemas más dinámicos. Según la teoría del presidente Javier Milei, esto debería incentivar la creación de empleo. En la práctica, en un contexto recesivo como el que está viviendo el país por estos días, el efecto es bastante claro: no se generan nuevos puestos, sino que se deterioran los existentes.
Especialistas señalan que la flexibilización, sin crecimiento económico, tiende a aumentar la precariedad más que el empleo. Es decir, cambia la calidad del trabajo, pero no su cantidad.
A esto se suma un elemento estructural: la caída del consumo. Con una retracción superior al 10% en varios sectores durante 2024, el “mercado interno” se debilitó significativamente. Sin dinero en el bolsillo de los trabajadores, difícilmente haya demanda. Y sin demanda, difícilmente haya inversión o expansión del empleo.
En ciudades como Necochea, el impacto es aún más visible. Cada cierre de comercio o reducción de personal tiene un efecto directo en la trama social. Nuestra ciudad no es un conglomerado industrial, sino una localidad donde el empleo y el consumo están estrechamente vinculados.
El resultado es un escenario de creciente fragilidad. Más trabajadores informales, más “changas”, más ingresos inestables. Un mercado laboral que se achica en su segmento formal y se expande en su versión más precaria.
En nuestra ciudad, en los primeros cuatro meses de este 2026, empresas y Pymes locales despidieron a 137 trabajadores, según la estadística que muestra el propio Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
A este dato estadístico, habría que agregarle un número similar o, tal vez, mayor, de personas que han perdido su empleo, pero no pasaron por la Delegación local de dicho ministerio. Es decir, gente que no se encontraba registrada o tuvo un acuerdo con su empleador de forma privada, sin la necesidad de acercarse hasta la dependencia pública.
Otro dato de la realidad local es que, además de los despidos, en la Justicia se han presentado una importante cantidad de empresas con concursos preventivos de quiebra. Si bien algunas aún están funcionando, de prosperar esa situación, seguramente dejarán de existir y, por supuesto, se 2llevarán puesto” a los trabajadores.
Pero más allá de la fría estadística a la que tuvo acceso Ecos Diarios, la discusión de fondo es política. ¿Es posible sostener un programa de ajuste de esta magnitud sin afectar de manera significativa el empleo? ¿Puede el equilibrio fiscal construirse sin deteriorar la base productiva? ¿Cuál es el límite social de ese proceso?
La historia económica argentina muestra que los ajustes que descuidan el empleo tienden a generar tensiones que luego condicionan cualquier intento de crecimiento. Porque el trabajo no es solo una variable económica: es el principal mecanismo de integración social.
En ese sentido, el desafío del actual modelo no es solo estabilizar la macroeconomía, sino reconstruir un horizonte de previsibilidad para el mundo del trabajo. Sin empleo de calidad, cualquier mejora en los indicadores generales corre el riesgo de quedarse corto.
El gobierno apuesta a que el mercado, liberado de regulaciones, genere ese proceso de recomposición. Pero hasta ahora, los datos muestran todo lo contrario.
Y en esa transición, el costo no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en los sectores más vulnerables, en las pequeñas empresas, en los trabajadores que pierden su empleo o ven deterioradas sus condiciones.
La pregunta, entonces, no es si el modelo puede ordenar la economía. La pregunta es a qué costo y en qué plazos. Porque en el medio, mientras se espera ese eventual rebote, hay una realidad que es la del trabajo que falta, la empresa que cierra y la incertidumbre que crece.
En ese escenario, la imagen que propone Homero, de Viejas Locas, aparece como un cierre inevitable. La del trabajador que madruga, que viaja horas, que sostiene su rutina en medio de la precariedad, pero que vive al límite, siempre al borde de quedarse afuera del sistema. En tiempos donde el empleo deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita, esa historia que parecía canción, se parece cada vez más a la realidad cotidiana.
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