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Los números pueden tranquilizar a primera vista, pero también obligan a mirar más allá de la superficie. El Departamento Judicial de Necochea aparece desde hace varios años entre los que registran menor cantidad de procesos penales por violencia familiar o de género en la provincia de Buenos Aires. En 2025 se iniciaron 1.006 causas, ubicando a la jurisdicción en el último lugar del ranking provincial, muy lejos de departamentos densamente poblados como San Martín o Lomas de Zamora.
A primera vista, podría interpretarse como un dato positivo. Sin embargo, cuando se analiza el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva sociológica y judicial, la lectura se vuelve más compleja. La violencia contra las mujeres no siempre se refleja en las estadísticas judiciales. Muchas veces permanece oculta, silenciosa, dentro del ámbito privado.
En toda la provincia de Buenos Aires se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar o de género durante 2025, lo que representa el 14,1% del total de causas penales. Del total de víctimas registradas, el 73,9% fueron mujeres, mientras que en el 88% de los casos los agresores fueron hombres.
Los delitos más denunciados fueron amenazas (27,7%), lesiones (24,5%) y desobediencia de medidas judiciales (12,3%).
Pero incluso estas cifras, de por sí alarmantes, no reflejan el verdadero alcance del problema.
Diversos estudios coinciden en que la mayoría de los casos de violencia de género nunca llegan a la justicia. Según investigaciones de organismos especializados y encuestas de victimización, solo entre el 20% y el 30% de las mujeres que sufren violencia realiza una denuncia formal, lo que implica que existe un enorme “subregistro” de casos. Por supuesto, en Necochea debe ocurrir algo similar.
La socióloga argentina Rita Segato ha señalado que la violencia contra las mujeres no puede analizarse solo desde los expedientes judiciales. “La violencia de género es un fenómeno estructural que muchas veces permanece invisibilizado dentro de la vida doméstica”, advierte.
Por su parte, la socióloga Eva Giberti sostiene que la denuncia no siempre aparece como una opción inmediata para las víctimas. “Muchas mujeres no denuncian porque temen represalias, no confían en el sistema o dependen económicamente del agresor”, explica.
A esto se suma otro fenómeno cada vez más estudiado: la revictimización institucional. Cuando una mujer decide denunciar, muchas veces debe atravesar un largo camino de trámites, relatos reiterados y procedimientos judiciales que vuelven a exponerla a la violencia sufrida.
Necochea: el silencio estadístico
En el caso del Departamento Judicial de Necochea, que abarca también San Cayetano y Lobería, el número bajo de causas no necesariamente significa ausencia de violencia.
En 2023, por ejemplo, fue el único departamento judicial de la provincia que no registró femicidios, aunque sí tuvo poco más de mil causas por violencia de género.
Esto puede responder a múltiples factores: menor densidad poblacional, dinámicas sociales distintas o incluso mayor presencia de redes comunitarias. Pero también puede reflejar dificultades para denunciar, especialmente en ciudades medianas donde los vínculos sociales, laborales o familiares entre víctimas y agresores suelen ser aún más cercanos.
Además, las estadísticas muestran que más del 90% de las víctimas de femicidio conocía a su agresor, generalmente pareja o ex pareja.
Eso confirma que el lugar más peligroso para muchas mujeres sigue siendo el ámbito doméstico.
La violencia de género no se resuelve únicamente con leyes o con la apertura de causas judiciales. Requiere políticas integrales: prevención, asistencia psicológica, independencia económica para las víctimas y formación de operadores judiciales y policiales.
Los especialistas coinciden en que la clave está en intervenir antes de que la violencia escale. Muchas veces los femicidios son el último eslabón de una cadena de agresiones previas que nunca fueron denunciadas o que no recibieron una respuesta institucional efectiva.
En ciudades como la nuestra, donde las estadísticas parecen mostrar un escenario menos grave que en los grandes centros urbanos, el desafío es todavía mayor: no confundir menor registro con menor problema.
Porque detrás de cada número que aparece en una planilla judicial, puede haber muchas historias que nunca llegaron a escribirse en un expediente. Y allí, en ese silencio estadístico, también se juega la verdadera dimensión de la violencia de género.
Aun cuando las estadísticas oficiales sitúan al Departamento Judicial de Necochea entre los que registran menor cantidad de procesos penales por violencia de género, la historia reciente demuestra que el problema existe y deja huellas profundas en la comunidad.
Entre 2023 y comienzos de 2026, los casos fueron pocos, pero generaron gran conmoción en nuestra ciudad: en 2024 se registraron los femicidios de Magalí Vera, de 34 años, asesinada por su pareja; y de Rosa Digna Rodríguez, una mujer de 72 años cuyo crimen volvió a poner en evidencia la violencia que muchas veces se esconde dentro del ámbito familiar, ya que fue su marido quien confesó el hecho.
Un año después, en 2025, el asesinato de Débora Dámaris Bulacio del Valle, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la zona del Parque Miguel Lillo, volvió a sacudir a la ciudad y a reabrir el debate sobre las fallas en la prevención. En este caso, fue su pareja, quien se encontraba de vacaciones junto a la víctima, quien concretó su asesinato.
En un departamento judicial que también abarca a San Cayetano y Lobería, estos episodios recuerdan que detrás de las cifras relativamente bajas existe una problemática estructural que exige políticas públicas sostenidas, mayor acompañamiento institucional y una red comunitaria capaz de intervenir antes de que la violencia escale hasta su expresión más extrema. Porque en materia de violencia de género, incluso un solo caso ya es demasiado.
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