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Hay palabras que se repiten. Que atraviesan el tiempo, los hechos y las generaciones. En noviembre del año pasado, en estas mismas páginas, la sensación dominante era una: impotencia. Aquella reflexión, publicada tras el crimen de un adolescente en la zona del Casino, advertía sobre una violencia juvenil que dejaba de ser excepcional para convertirse en parte de un paisaje cada vez más frecuente. Hoy, meses después, esa palabra vuelve a escena, pero ya no alcanza. Porque lo que antes era alarma, hoy empieza a ser un patrón.
El caso de Bautista Coronel, que volvió a sacudir a la opinión pública y que motivó la contundente frase “no tiene que haber más Bautista Coronel”, expresada por su madre, Valeria en Ecos Radio el viernes pasado, expone con crudeza que la violencia no solo persiste, sino que encuentra nuevas formas de instalarse en la vida cotidiana de Necochea.
“No tiene que haber más Bautista Coronel” no es solo una consigna. Es, en realidad, un límite. Un punto de quiebre que la sociedad intenta marcar, aunque todavía sin las herramientas suficientes para hacerlo efectivo.
Si en el análisis de noviembre se advertía que “la violencia deja de ser extraordinaria para convertirse en habitual”, hoy esa idea se consolida con mayor preocupación. Porque lo que antes aparecía como un episodio aislado, ahora se encadena con otros hechos que refuerzan la percepción de una conflictividad social creciente, especialmente entre jóvenes.
El denominador común sigue siendo inquietante: conflictos que escalan rápidamente, ausencia de mediación, naturalización de la agresión y, en muchos casos, una preocupante falta de intervención de quienes están alrededor. Aquella “mirada ausente” que se describía meses atrás no solo no desapareció, sino que parece haberse profundizado.
En ese contexto, esta frase que hoy resuena en el debate público funciona también como un espejo incómodo. Porque la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo, entre un caso y otro, para evitar que la historia se repita?
La problemática excede lo policial y lo judicial. Ya se dijo y vale insistir: una condena puede cerrar un expediente, pero no resuelve el entramado social que da origen a estos hechos. La violencia juvenil no surge en el vacío. Se construye en un contexto donde confluyen múltiples factores: la fragilidad de los vínculos sociales, la falta de espacios de contención, la exposición constante a dinámicas de confrontación, muchas veces amplificadas por las redes sociales, y la ausencia de referentes capaces de canalizar conflictos de otra manera.
En el texto de noviembre se señalaba un elemento clave: la dimensión “performática” de la violencia. La necesidad de mostrar, de filmar, de exponer. Esa lógica no solo sigue vigente, sino que se profundiza en un ecosistema donde la validación social muchas veces se mide en términos de visibilidad. Y en ese terreno, la violencia encuentra un terreno fértil.
Pero hay otro aspecto que también se mantiene intacto: la responsabilidad colectiva.
La escena de un conflicto que escala ante la mirada de otros, sin intervención ni freno, no es solo una postal de indiferencia. Es una señal de debilitamiento del tejido social. En ciudades como la nuestra, donde todavía persiste la idea de comunidad cercana, ese fenómeno resulta aún más alarmante. Porque implica que el “nos conocemos todos” ya no alcanza para garantizar cuidado.
El caso de Bautista Coronel, obliga a revisar ese pacto implícito de convivencia. A preguntarse qué lugar ocupan hoy las instituciones (escuela, familia, clubes, etc.) en la prevención de estos escenarios. Y, sobre todo, a asumir que la violencia no es un fenómeno externo, sino una construcción social que involucra a todos.
La reiteración de estos episodios también interpela al Estado, en sus distintos niveles. No solo en términos de seguridad, sino en políticas integrales que aborden la problemática desde la prevención: educación emocional, espacios de contención, programas de inclusión y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La Justicia, en este sentido, tendrá un rol clave en los próximos meses. Si bien desde la defensa del único acusado por el hecho se busca morigerar su situación y presentar el caso como una muerte en riña, por ahora la fiscalía mantiene la carátula en “homicidio agravado”.
Está claro que nada de lo que pueda ocurrir en el transcurso del tiempo le devolverá a la familia Coronel la paz necesaria, ni el regreso del joven Bautista. Pero no es menos cierto que, tal vez, una condena en estos términos ayude a que el pedido de la madre del joven fallecido cobre más sentido.
“Mirar para el lado correcto”, decía aquella columna de noviembre. La frase hoy cobra una dimensión distinta. Ya no se trata solo de advertir, sino de actuar.
Porque si algo dejan en claro estos hechos es que la violencia no irrumpe de un momento a otro. Se gesta, se acumula, se naturaliza. Y cuando finalmente estalla, ya es tarde.
Necochea se encuentra, otra vez, frente a una encrucijada. Puede optar por interpretar estos casos como tragedias aisladas o asumirlos como síntomas de un problema más profundo. La diferencia entre una y otra mirada no es menor: de ella depende que el próximo Bautista Coronel sea una excepción o una repetición.
Y en ese punto, la consigna deja de ser un deseo para transformarse en una obligación colectiva: no convertirnos en una “ciudad de pobres corazones”.
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