Andrés Rodríguez dijo que la CGT impugnará el decreto antihuelga
El secretario adjunto cuestionó la medida del gobierno de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentará una impugnación judicial contra el decreto 340/2025 del Gobierno Nacional, que limita el derecho a huelga en actividades consideradas “esenciales” o “trascendentales”. Así lo confirmó hoy Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central obrera y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Rodríguez calificó el decreto como una «limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales», y aseguró que «es revivir el DNU 70/23», que actualmente se encuentra paralizado por una medida cautelar judicial. «Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar», adelantó el dirigente gremial.
El titular de UPCN enfatizó que “el Derecho de Huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Rodríguez denunció que el Gobierno está “intentando generar un clima adverso y que confunde”, y remarcó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.
El gremialista sostuvo que la CGT ha reclamado «la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa», ya que “nadie nos convocó a dialogar”, apuntó. En esa línea, recordó que la central obrera recientemente finalizó “un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación, y que culminó con un paro nacional”, explicó.
Rodríguez anticipó que la CGT «va a repetir la acción en la Justicia como con el Decreto 70/23», el cual fue impugnado exitosamente por la central obrera, logrando una medida judicial favorable que paralizó los ítems que afectaban las relaciones laborales.
El DNU 340/2025, establece que las actividades consideradas trascendentales y esenciales deberán garantizar un funcionamiento obligatorio de entre el 50% y el 75%, respectivamente, en caso de un conflicto sindical.
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