Viernes 3 de mayo de 1996
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Iniciaban juicio laboral a la comuna por $40 millones
El reclamo de los trabajadores había sido una diferencia por un supuesto error en la liquidación de haberes
La diferencia ante un presunto error en la liquidación de haberes, reclamada por más de 800 empleados de la Municipalidad de Necochea, que databa de 1990, podía haber desembocado en un juicio cercano a los 40.000.000 de pesos.
El planteo de los agentes, una vez superada la instancia administrativa, se encontraba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El máximo órgano judicial bonaerense le había reclamado hacía una semana al Departamento Ejecutivo municipal una copia del "expediente administrativo" iniciado oportunamente por los trabajadores.
La estimación sobre el costo económico que le habría significado a la comuna, de convalidarse el planteo de los agentes, había sido confirmada a Ecos Diarios por el abogado patrocinante y representante legal del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Necochea, Leonardo Jiménez.
En la presunción de que la comuna hubiera perdido este juicio, la relación económica habría sido de aproximadamente la ejecución de un presupuesto y medio, calculado sobre la base de una recaudación anual de 27.000.000 de pesos.
"Cifra con cautela"
Jiménez había aclarado que "esta cifra hay que manejarla con cautela, porque se debería sacar la cuenta de la situación de cada empleado reclamante desde 1990 a la fecha". Pese a ello, consideraba que "el volumen es muy importante".
A través del citado oficio, la Suprema Corte provincial le había solicitado a la Municipalidad de Necochea que remitiera el expediente administrativo que había dado origen a la instancia judicial.
Se había establecido que la etapa administrativa se encontraba agotada y que la posición de los trabajadores había sido rechazada durante la gestión del ex intendente José Antonio Aloisi.
"Se terminó la etapa administrativa y nos encontramos en la judicial. La Corte, previo a notificar al municipio de la demanda, lo que pide es que se le envíen los originales del expediente administrativo. De esta manera, estará informada de que está agotada esta instancia", había puntualizado Jiménez.
La diferencia de haberes, que había sido la base del reclamo gremial, había comenzado en 1990, durante la administración del ex intendente Horacio Alfredo Vidal.
Se había señalado que, además de los ajustes salariales que se realizaban en la comuna en épocas con altos índices de inflación, se aumentaban los sueldos de los agentes a la par de lo que sucedía con los incrementos que disponía el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a los empleados públicos de su jurisdicción.
Supuesta omisión
Trasladado a Necochea un determinado aumento salarial, el Departamento Ejecutivo había ajustado las remuneraciones, pero habría omitido hacerlo "por escalafón". Allí se aplicaba directamente el porcentaje, sin tomar en cuenta que se multiplicaba por índices, de acuerdo a las categorías, según había precisado el abogado del STM.
Había agregado que "hay una ordenanza que así lo establece". El reclamo administrativo había reunido, por entonces, a más de 800 trabajadores. Jiménez había señalado que "no es un tema fácil. Estamos trabajando hace más de un año".
Había trascendido que la administración del intendente Julio Municoy se había sorprendido por el oficio y que, conocida la requisitoria de la Suprema Corte, se habían iniciado gestiones para establecer el impacto económico que le habría significado al municipio hacer frente a este juicio.
Obras en Costa Bonita
El Concejo Deliberante había homologado el convenio para realizar un "proyecto de obras de defensa del camino costanero en inmediaciones del balneario Costa Bonita". El documento había sido firmado por la Dirección Provincial de Hidráulica y el intendente Julio Municoy.
Según se indicaba en el proyecto, el objeto había sido "detener el proceso erosivo marino, preservando simultáneamente la actual traza del camino costero que une Puerto Quequén y el balneario de Costa Bonita".
El sector se encontraba intransitable y el deterioro era permanente, al grado de haber afectado el basamento de algunas de las viviendas construidas frente al mar.
La erosión había ido en aumento en los últimos años, a partir de los fuertes temporales que azotaban la costa local. Los reclamos de la Municipalidad de Necochea y de diversas instituciones de Quequén habían consistido en lograr el aporte de la Provincia de Buenos Aires para elaborar un estudio que tendiera a recuperar el lugar.
Concesión de servicios
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical había pedido que se llevara adelante "un plan regulador urbanístico de uso de suelo, infraestructura y obra pública del núcleo urbano Necochea y Quequén", incluyendo las localidades del interior.
El proyecto de ordenanza contaba con el apoyo de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) y contrastaba con los objetivos que impulsaba el intendente Julio Municoy de transferir, a la brevedad, varios servicios públicos municipales.
En varias comisiones
El proyecto de ordenanza había sido presentado sobre tablas en la última sesión ordinaria y había pasado a estudio de las varias comisiones del Concejo Deliberante, con el compromiso de su sanción para mediados de ese mes.
El plan regulador urbanístico debería haber estado confeccionado y presentado para su análisis y aprobación al HCD en un plazo no mayor a seis meses, con posibilidad de ser prorrogado.
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