Tránsito al límite, una sociedad sin freno y un Estado sin margen

Por Jorge Gómez

En Necochea y Quequén el tránsito dejó de ser un problema para convertirse en una amenaza cotidiana. No es exageración. Es una dinámica que, día tras día, pone en juego la vida de miles de personas.

Y lo más preocupante no es solo el volumen —entre 50.000 y 60.000 vehículos diarios que circulan en ambas ciudades más otros 5.000 a 6.000 camiones vinculados a la operatoria portuaria—, sino la forma en que se convive con ese volumen, o sea con incumplidas reglas, sin empatía y sin conducción efectiva.

Se habla oficialmente del arribo en 2025 de 300.000 camiones por año atinente a la actividad de Puerto Quequén. Y que presagia muchas más unidades para cuando se cierre el ejercicio 2026.

El diagnóstico es incómodo, pero necesario dado que aquí la sociedad está fallando. El respeto por la norma es cada vez más débil, casi opcional. Semáforos en rojo que se ignoran como si fueran una sugerencia, controles de alcoholemia que detectan conductas irresponsables incluso en horarios insospechados -no sólo, como se presume, en la noche, si no en horarios diurnos-, velocidades que transforman avenidas y calles en pistas improvisadas.

Manejar dejó de ser una responsabilidad compartida para convertirse en una disputa individual, donde el otro estorba. Pero cuando una sociedad se desordena de esta manera el Estado tiene la obligación de ordenar. Y hoy, claramente, no lo está logrando. Un proverbio cae de perlas por aquí: "La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés".

El área de Tránsito municipal lindante al municipio, repartición a cargo de Sergio Nicolás -con celular y handy prendidos las 24 horas, que incluye cuando duerme y lo despiertan, y que por el estrés estaría poniendo en riesgo su ojo derecho, ese que se estaría apagando-, trabaja con recursos que no están a la altura del problema dado que cuenta con tres camionetas -necesarias de ser reemplazadas-, 30 inspectores para cubrir comunidades atravesadas por un flujo vehicular que no para de crecer y una logística que, en muchos aspectos, parece superada. Algún que otro refuerzo de temporada, esa que está apunto de despedirse.

El predio de secuestro ubicado en Aguas Corrientes acumula este inicio del otoño 150 autos y 400 motos, mientras en la calle el desborde es aún mayor.

La disparatada idea de poner un inspector las 24 horas en cada esquina de nuestras ciudades además de ser un absurdo es más que probable que tampoco esté atenuando esta permanente dificultad.

¿Qué hacer con aquel o aquella que conduce hablando por celular? ¿A qué se debe que nadie frena en las esquinas y coteja si viene otra unidad en contrario? ¿Cuentan los autos con freno (ironía aparte)? Estas y otras preguntas se apilan.

El Estado no solo llega tarde si no que muchas veces parece que llega mal. Corre detrás de los hechos, administra la urgencia, pero no logra imponer una política sostenida en el tiempo. No es buena la negación de esta realidad, máxime cuando muchas veces es la cara de la administración en la calle, convertida -en este asunto- en una suerte de campo de batalla.

El creciente problema va más rápido que el abordaje de soluciones, las que penden siempre de diversos factores. Y eso abre otra pregunta incómoda ¿Hay una estrategia pública integral, consustanciada asimismo en la sociedad, o apenas es una suma de parches?

En ese contexto aparece, por ejemplo, el siempre latente debate sobre el estacionamiento medido. En verano, se extiende al centro y a la villa balnearia. En baja temporada se reduce a unas pocas cuadras céntricas. Ordena, sí, pero apenas en una porción mínima del tema en cuestión.

La discusión de fondo, entonces, no es si el estacionamiento medido molesta, sino si alcanza. Y la respuesta parece evidente: no.

Quizás haya que repensarlo, ampliarlo a otras avenidas y calles troncales, modernizarlo, hacerlo más eficiente, como se da con buenos resultados en otras comunidades. Pero también asumir que, por sí solo, no resolverá un sistema que ya está desbordado.

Porque la dificultad no es solo operativa. Es estructural. Y ahí aparece la limitación concreta, la económica. ¿Cómo invertir en controles, tecnología, infraestructura o campañas de concientización cuando nuestra comuna tiene buena parte de sus recursos afectados a sostener servicios esenciales como salud, recolección de residuos y el pago de salarios? La falta de dinero no es una excusa, pero sí una condición que limita cualquier política comunal.

Sin embargo, la ausencia de plata no puede derivar en la ausencia de decisión. Hay medidas que no requieren grandes presupuestos sino conducción. Ergo, ordenar prioridades, sostener controles, aplicar sanciones de manera efectiva, coordinar con otros niveles del Estado, convocar a especialistas, instalar el tema en la agenda pública de forma permanente.

Mientras tanto, la ciudad sigue sumando vehículos. Más autos por familia, más motos en circulación, más presión sobre calles que no crecieron al mismo ritmo. Y en paralelo, una conducta social que agrava todo. La infracción como norma, la impaciencia como regla, la indiferencia como hábito.

El resultado es una ecuación peligrosa. Al dilema le estamos poniendo luz intermitente, estacionado en doble fila. Más vehículos, menos respeto y un municipio sin margen para responder con la contundencia que la situación exige. La aceptación del descalabro debería ser el inicio de algo.

En ese escenario, el auto deja de ser un medio de transporte para convertirse en un factor de riesgo. La calle ya no es un espacio compartido, sino un territorio en disputa. Y cada infracción, cada exceso, cada descuido, suma tensión a un sistema que está al límite.

Entonces la pregunta no es solo qué está pasando, sino hasta cuándo se va a tolerar. Porque lo más inquietante es la naturalización. El caos dejó de sorprender. Y cuando una sociedad se acostumbra al desorden (por qué a las tragedias), empieza a convivir con el peligro como si fuera inevitable.

Necochea y Quequén no son una excepción. Este es un problema que se repite en muchas ciudades del país. Pero eso no puede ser consuelo. Al contrario, debería ser un potente y obligado llamado de atención.

Ordenar el tránsito no es sólo una cuestión técnica ni presupuestaria. Es una decisión política y cultural. Implica asumir costos, sostener medidas impopulares y exigir responsabilidades. Al Estado, pero también a cada ciudadano, ese que tiene un carné oficial.

Porque cuando el tránsito se vuelve tierra de nadie, lo que está en juego no es el orden, es la vida. Y en ese punto, seguir administrando el problema ya no alcanza. Hay que enfrentarlo. Aunque incomode. Aunque cueste. Aunque obligue a cambiar.

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