“Si resolvieran en contra, sería totalmente descabellado para nosotros”
El abogado querellante de la familia de Bautista Coronel, Gustavo Raggio, defendió la calificación legal del caso y pidió que se sostenga el agravante en juicio
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La causa por el crimen de Bautista Coronel avanza hacia una instancia clave con la elevación a juicio, mientras la querella insiste en sostener la calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, una figura que contempla la pena máxima. En ese marco, los abogados de la familia, Gustavo Raggio y Javier Lahorca, ratificaron su postura y explicaron los fundamentos jurídicos y probatorios que sostienen esa acusación.
Raggio fue contundente al señalar que la calificación “se mantiene desde los primeros actos de investigación” y que tanto la fiscalía como la jueza de garantías han convalidado esa figura. “Está totalmente acreditado el hecho”, afirmó, al tiempo que rechazó el planteo de la defensa que busca reducir la imputación a un homicidio simple. Para la querella, esa posibilidad resulta inadmisible: “Si resolvieran en contra, sería totalmente descabellado para nosotros”.
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El abogado remarcó que existen elementos clave que prueban la participación conjunta: desde mensajes previos con amenazas hasta registros fílmicos del momento del ataque. Según detalló, en esas secuencias “se observa claramente la intervención de más de una persona”, lo que configura el agravante. Además, subrayó que la actuación fue “concomitante e inmediata”, es decir, coordinada en el mismo desarrollo del hecho.
Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los dos menores que fueron sobreseídos por no ser punibles. Sobre este aspecto, Raggio explicó que la legislación vigente impide aplicarles una pena, aunque eso no elimina su vinculación con el hecho. “La participación está acreditada más allá del sobreseimiento”, sostuvo.
En esa línea, Lahorca profundizó sobre la estrategia de la querella al impulsar un juicio por la verdad. “Lo que buscamos es que se reconstruya cómo se gestó el plan y cuál fue el rol de cada uno”, indicó. Este mecanismo, basado en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, apunta a garantizar el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido, aun cuando no pueda haber sanción penal para algunos involucrados.
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“El objetivo no es punitivo, sino que se conozca la verdad”, explicó Lahorca, quien además planteó que este tipo de procesos puede derivar en medidas complementarias, como tratamientos o acciones reparatorias para los menores implicados. De esta manera, la querella intenta evitar que la falta de punibilidad derive en una sensación de impunidad.
Ambos abogados coincidieron en que el proceso debe avanzar hasta el debate oral con todos los elementos sobre la mesa. “La familia necesita saber qué pasó y que todos los que participaron den la cara”, resumió Raggio, marcando el eje central del reclamo.
El dolor de los padres
Para los padres de Bautista, Guillermo Coronel y Valeria Toledo, el proceso judicial es una instancia necesaria, aunque insuficiente frente a la pérdida. “Voy a respetar lo que diga la Justicia, pero nada me va a dejar conforme”, expresó Guillermo, dejando en claro que ninguna sentencia podrá reparar el daño.
Valeria, en tanto, habló desde un lugar más íntimo y doloroso: “Es muy difícil levantarse todos los días y ver que te falta un hijo”. La madre pidió que se aplique la pena correspondiente al principal acusado y que, al menos, se conozca toda la verdad. “Nada me lo va a devolver, pero necesito saber qué pasó”, sostuvo.///
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