Remises: entre la necesidad de trabajar y la obligación de cumplir las normas

Durante el mediodía  de este viernes, chocó un auto y una camioneta Honda CRV. El auto era un Fiat Uno que funciona como remís. El accidente no dejó personas heridas y, desde el punto de vista policial, no pasó de ser un siniestro sin consecuencias graves, donde solo actuaron las aseguradoras. Sin embargo, la presencia de ese vehículo en la calle vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Necochea arrastra desde hace años: qué vehículos pueden prestar el servicio de remís y hasta dónde pueden extenderse las excepciones a una normativa que fue sancionada para mejorar las condiciones de la actividad.

Porque hay dos verdades que pueden convivir.

La primera es que el remís es el sustento de muchas familias. Para un trabajador que durante años puso dinero, esfuerzo y horas de trabajo en un automóvil, decirle de un día para otro que su unidad ya no puede seguir circulando como remís significa, en los hechos, decirle que debe conseguir otro vehículo. Y cambiar un auto no es una decisión sencilla en un contexto económico en el que adquirir una unidad que cumpla con todos los requisitos puede representar una suma imposible de afrontar para una familia.

Por eso es entendible que, cuando una modificación de la normativa establece nuevas condiciones, se contemplen períodos de adaptación y prórrogas. También es razonable que se analice cada situación y que no se pretenda resolver un problema social simplemente sacando autos de circulación.

Pero hay una segunda verdad que tampoco debería perderse de vista: las normas se sancionan por alguna razón.

En 2018, cuando se discutió la regulación de los remises, ya se planteaba la necesidad de mejorar el parque automotor. La normativa buscó dejar atrás la incorporación de vehículos de pequeño porte y estableció determinadas características para las unidades que se habilitaran. Los autos que ya estaban trabajando podían continuar hasta el vencimiento correspondiente, con un período de transición.

La cuestión es que una transición pensada para permitir el reemplazo de los vehículos no puede convertirse indefinidamente en una situación permanente.

¿Hasta cuándo una prórroga deja de ser una prórroga?

Desde la Dirección de Transporte se ha explicado más de una vez que los remises pueden tener hasta diez años de antigüedad y que, una vez cumplido ese período, deben ser reemplazados. También se reconoce que la situación económica hace cada vez más difícil cambiar las unidades y que los remiseros piden prórrogas al Concejo Deliberante para poder continuar trabajando.

El problema aparece cuando esas excepciones se acumulan durante años.

Porque si una ordenanza determina que determinado tipo de vehículo ya no reúne las condiciones necesarias para prestar el servicio, la discusión no puede quedar reducida a cuánto tiempo más se puede estirar esa autorización. En algún momento hay que preguntarse si se está cumpliendo el espíritu de la norma o si, por el contrario, las sucesivas excepciones terminan desvirtuándola.

Y esto no significa desconocer la realidad de los trabajadores.

Al contrario: si se sabe que un remisero no puede cambiar su vehículo de un día para otro, entonces el Estado debería pensar cómo acompañarlo para que pueda hacerlo, en lugar de limitarse a prorrogar una y otra vez la habilitación.

Puede discutirse un esquema de transición más largo, créditos accesibles, beneficios impositivos, facilidades para adquirir unidades usadas que cumplan con los requisitos o cualquier otra alternativa que permita renovar el parque automotor. Lo que resulta difícil de justificar es que una excepción prevista como transitoria termine extendiéndose durante ocho años o más.

El accidente como disparador

El choque de este mediodía no demuestra, por sí mismo, que un Fiat Uno sea un vehículo inseguro ni que el accidente haya ocurrido por las características del automóvil. No hubo heridos y no corresponde establecer una relación que los hechos no permiten establecer.

Pero sí sirve como disparador para volver a mirar una cuestión que está en la calle.

Supongamos incluso que el vehículo involucrado todavía se encuentra dentro del límite de antigüedad permitido por su modelo. La pregunta que aparece entonces es otra: ¿alcanza con que un auto no haya superado los años de uso establecidos o también debe cumplir con las características de carrocería y capacidad que exige la normativa?

Si la respuesta es esta última, entonces el problema ya no es la antigüedad del vehículo sino su propia condición para prestar el servicio.

Y ahí aparece el verdadero dilema.

Por un lado, hay que respetar las normas. Si una ordenanza fue estudiada, debatida y sancionada, no puede convertirse en una sugerencia que se cumple solamente cuando resulta posible. Las reglas tienen que aplicarse y deben ser iguales para todos.

Pero, por otro lado, no se puede ignorar la realidad económica de quien está detrás del volante.

Decirle a un remisero que su auto ya no puede trabajar es una decisión administrativa que tiene una consecuencia concreta: puede dejar sin ingresos a una familia.

La discusión, entonces, no debería ser solamente si se permite o no un Fiat Uno.

La discusión debería ser cómo hacer para que las normas se cumplan sin dejar en el camino a quienes viven de esta actividad.

Porque ocho años de prórrogas tampoco parecen una transición. Parecen otra cosa: la señal de que nunca se terminó de encontrar una solución definitiva. Y quizás sea justamente eso una de las cosas que debería discutirse ahora en Necochea.