Privatización de AySA: la Defensoría pidió medidas urgentes y advirtió que "hay una orden judicial vigente"
El organismo que conduce Guido Lorenzino denunció ante la Justicia que la empresa no cumple con la medida cautelar que la obliga a mantener obras, inversiones y calidad del servicio. Reclamó que se la intime antes de que la venta del 90% de las acciones se vuelva irreversible.
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La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció ante la Justicia que AySA no cumple con la medida cautelar que le exige mantener las obras, las inversiones y la calidad del servicio de agua y cloacas, y pidió medidas urgentes frente al avance de la privatización de la empresa.
El organismo que conduce Guido Lorenzino advirtió que el proceso de venta del 90% de las acciones que posee el Gobierno nacional ya comenzó con la apertura de las ofertas económicas, sin que AySA haya aportado información que permita determinar que la transferencia no afectará las obligaciones que la Justicia le ordenó preservar.
“Antes de que la operación se vuelva irreversible”
Lorenzino planteó que “no se puede avanzar con la transferencia de AySA y averiguar después si están protegidos los derechos de las y los bonaerenses”.
En ese sentido, sostuvo que “antes de que la operación se vuelva irreversible tiene que estar garantizado que no se van a reducir inversiones, postergar obras ni afectar las obligaciones ambientales y sanitarias de la empresa”.
Qué establece la medida cautelar
La cautelar fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del juez Mariano López, y luego confirmada por la Cámara de Apelación del mismo fuero. Alcanza a los 26 municipios bonaerenses donde la empresa presta servicio.
La resolución obliga a AySA a abstenerse de adoptar acciones que modifiquen, reduzcan, suspendan o desnaturalicen sus obligaciones de prestación. Entre ellas figuran:
- las obras e inversiones comprometidas;
- el mantenimiento y la ampliación de las redes de agua y cloacas;
- el tratamiento de efluentes y el saneamiento;
- la remediación de pasivos ambientales;
- el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.
Dos consorcios en competencia y más de 2.000 millones de dólares en juego
Pese a la cautelar, el Gobierno nacional ya aprobó la primera etapa de la licitación con la apertura de las ofertas económicas de los dos consorcios que siguen en competencia.
Según informó la administración nacional, el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a 2.000 millones de dólares en obras, mantenimiento, mejoras, operación y expansión del sistema de agua potable y saneamiento.
Para la Defensoría, esas cifras refuerzan la necesidad de saber, antes de que se concrete la transferencia, quién asumirá esas obligaciones, con qué capacidad técnica y económica y con qué garantías, antes de que exista un daño o una situación irreversible.
“La discusión no es privatización sí o privatización no”
Lorenzino aclaró que el reclamo no apunta a la venta en sí. “La discusión no es privatización sí o privatización no. Hay una orden judicial vigente y hay derechos que deben ser protegidos”, afirmó.
Y concluyó: “El agua potable, el saneamiento, la salud y el ambiente de millones de bonaerenses no pueden quedar sujetos a un hecho consumado”.
Qué le pidió la Defensoría a la Justicia
En ese marco, el organismo solicitó que se intime de manera urgente a AySA para que acredite el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Además, pidió que la empresa informe qué ocurrirá con:
- las obligaciones vigentes;
- las obras comprometidas y pendientes;
- los pasivos ambientales;
- las garantías que deberá ofrecer el futuro operador.
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