Martes 8 de agosto de 1995
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Cederían un inmueble para el Juzgado Federal
Elaboraban un proyecto por el cual entregarían una vivienda céntrica al Poder Judicial de la Nación.
Antes de finalizar su mandato, el intendente municipal de Necochea, José Antonio Aloisi, aspiraba a ver funcionando el Juzgado Federal en nuestra ciudad. Dicho juzgado había sido creado por ley del Congreso Nacional en septiembre del año anterior y promulgado semanas más tarde por el Poder Ejecutivo nacional, según se había indicado en la comuna.
El Departamento Ejecutivo municipal venía elaborando un anteproyecto de ordenanza, mediante el cual se cedería al Poder Judicial de la Nación una vivienda que utilizaba personal de la Armada durante su servicio en el ex Liceo Naval Militar "Capitán de Fragata Carlos María Moyano".
El borrador de la iniciativa señalaba que “es interés de esta Municipalidad la pronta instalación de este Juzgado, dada la imperiosa necesidad creada por la creciente importancia de Puerto Quequén”, cuya actividad se encontraba en constante expansión, generando un movimiento aduanero significativo, acompañado del ingreso de numerosos cargueros internacionales y situaciones que debían resolverse ante la Justicia Federal.
El artículo 1º del anteproyecto, elaborado por el secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Rodríguez Olivera, establecía que se cedería “a título gratuito al Poder Judicial de la Nación el inmueble ubicado en la calle 53 Nº 3069 de Necochea (...) para ser destinado al funcionamiento del Juzgado Federal, Departamento de Primera Instancia”.
Con la ley 24.368 ya aprobada y promulgada, el juzgado contaría con dos secretarías: una Criminal y Correccional y otra Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo. La dependencia judicial tendría jurisdicción sobre Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.
El Ejecutivo consideraba que disponer de un edificio propio impulsaría la inmediata puesta en marcha del juzgado. Además, la vivienda que se proponía ceder se encontraba desocupada y en condiciones óptimas para tal fin.
El anteproyecto sería elevado al Concejo Deliberante en las semanas siguientes. Si se autorizaba la cesión, se iniciarían los trámites ante el Poder Judicial de la Nación. El artículo 2º establecía que “si en el plazo de dos años el edificio -en cuestión- no hubiese sido destinado a albergar al Juzgado Federal, la comuna se reserva el derecho de retrotraer la situación de dominio al estado originario”.
Acuerdo para pagar sueldos
El Departamento Ejecutivo municipal había logrado acuerdos con la oposición en el Concejo Deliberante para desafectar 316.000 pesos de cuentas comunales, con el fin de garantizar el pago de sueldos de julio. Las deliberaciones comenzaron por la mañana y se extendieron durante el día, incluyendo reuniones con la Comisión Vial, la Comisión Pro Formación Universitaria y el Consejo de Seguridad.
En paralelo, el Concejo habría acordado afectar el 80% de los futuros ingresos de Rentas Generales al pago de sueldos y compromisos pendientes con el personal municipal.
Funcionarios del Ejecutivo, como Rodríguez Olivera (Gobierno), Juan Carlos Delio (Economía y Finanzas) y Carlos Arrieta (Turismo), junto con el concejal justicialista Alfredo Lamberti, realizaban gestiones con los bloques opositores.
El proyecto permitiría desafectar recursos de distintos fondos por 316.000 pesos, “que serán afectados -indica el texto del proyecto- a adelantos de sueldos del mes de julio de 1995 únicamente”. Los fondos deberían reintegrarse a sus cuentas antes del 15 de noviembre.
Otra ordenanza “ad referéndum” establecería que “la recaudación correspondiente a Rentas Generales deberá ser afectada en un 80% y depositada en una cuenta denominada ‘Cuenta Especial Afectada’ únicamente para el pago de los sueldos y del primer semestre SAC ‘95” y controlada diariamente por el DE.
Esta norma, impulsada por la oposición, añadía que los fondos se usarían primero para sueldos del mes vencido, luego para el aguinaldo, y el excedente para reintegrar fondos desafectados.
Central Termoeléctrica
El presidente de ESEBA, José Antonio Romero, había ratificado la obra para aumentar la potencia de la Central Termoeléctrica de Necochea, con licitación prevista en los meses siguientes y adjudicación estimada para fin de año. La inversión sería de 30 millones de pesos.
Romero, acompañado por el vicepresidente Juan Mario Pedersoli, había recorrido instalaciones locales y dialogado con autoridades encabezadas por Armando Lenguiti. Luego se reunió con el intendente Aloisi.
Sobre la ampliación de potencia, señaló: “lo primero que hemos hecho es ratificar el plan de obras que el anterior Directorio (...) había aprobado en Junín”. Agregó que “no es solamente factible aumentar la potencia, sino que es absolutamente necesario hacerlo”.
ESEBA y una consultora privada realizaban estudios y redactaban los pliegos. “Se incorporarán alrededor de 35 megavatios con el ciclo combinado (...), generador de una importante cantidad de mano de obra”, aseguró.///
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