Lunes 5 de febrero de 1996
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La moratoria de Municoy sería rechazada por los concejales
La oposición aspiraba a mejorar el régimen de recuperación de deudas vigente desde el año anterior. El intendente pretendía lograr una masa de recursos, cada semestre, que respaldara el compromiso municipal por los bonos provinciales.
La oposición política en el Concejo Deliberante analizaba el proyecto que pondría a su consideración el intendente municipal, Julio Miguel Municoy, por el cual se otorgaría un plazo de hasta ocho años a los morosos con la comuna.
De acuerdo con el criterio de los bloques de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) y de la Unión Cívica Radical (UCR), habría existido la intención de perfeccionar el mecanismo de regularización de deudas vigente, previsto en la ordenanza 3194, sancionada el año 1995 a sugerencia del radicalismo. La misma había consistido en determinar la cantidad de cuotas por tasas impagas. Estas habían sido actualizadas al valor de la gabela y se había incorporado en los recibos un monto adicional equivalente al 50% del valor de la tasa. Si un contribuyente debía diez cuotas, se le otorgaba un plazo de veinte meses para cancelar el pasivo.
En paralelo a la ejecución del régimen de consolidación de los pasivos municipales —dispuesto por ley de la Provincia mediante el uso de bonos—, el jefe comunal había pretendido trasladar un beneficio idéntico a los contribuyentes del distrito de Necochea. Sin embargo, el objetivo del Departamento Ejecutivo parecía ser otro: obtener una partida importante de recursos por semestre para responder al pago de los bonos.
El tema había sido abordado en una reunión de la comisión de Hacienda, Cuentas y Presupuesto del cuerpo edilicio, de la que había tomado parte el secretario General, doctor Fernando Ciancaglini.
El funcionario del Departamento Ejecutivo había dado cuenta de que el municipio debería responder semestralmente al pago de la cuota respectiva, al adherirse al régimen de bonos dispuesto por la Provincia de Buenos Aires.
Había añadido que esa cancelación se contemplaría en el proyecto de presupuesto municipal de ese año, a un promedio del 12,5% por ejercicio, completando el 100% en los ocho años de plazo que preveían la ley y el decreto reglamentario provincial.
El concejal radical Jorge De Peling había opinado que, de aprobarse el proyecto de moratoria del intendente Municoy, “se producirá una suerte de inequidad tributaria”.
Había puntualizado sus críticas al descuento de hasta el 66% para los contribuyentes morosos que pagaran al contado. “Es demasiado beneficio para aquel vecino que no cumplió”, dijo, y agregó que “esto se parece más a un blanqueo”.
Ciancaglini había informado que el mayor índice de evasión se producía en las valuaciones fiscales superiores a los 80.000 pesos y que “los contribuyentes que más cumplen son aquellos dueños de bienes de entre 20.000 y 30.000 pesos”.
El secretario General había manifestado que “nuestra intención es incorporar el mayor número de contribuyentes” al padrón municipal, mientras que el concejal de la ACT Roberto Martínez Lecumberry había opinado que “se está premiando a alguien que no cumplió”.
Su par de bancada, Gerardo Peña, había comentado que “si se quieren incorporar contribuyentes, no pasa por este proyecto”.
Ampliación de delegados
La asamblea extraordinaria de delegados de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María” de Necochea había aprobado ampliar de 10 a 12 el número de miembros titulares de la futura composición del consejo de administración, incrementando a tres años su mandato. Asimismo, se había establecido que la renovación de los consejeros que se incorporaran a partir de las asambleas distritales venideras se realizara por tercios, cada año.
También había dado conformidad a que el objeto social de la concesionaria se extendiera a otras actividades, como la prestación vinculada al servicio telefónico y al sistema de comunicaciones.
Los cambios aprobados habían pasado a consideración del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) y, de prestar conformidad ese organismo, quedarían incorporados al estatuto que regía la actividad de la Usina de Necochea.
Inicio en la Unicen
En la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén se había previsto el inicio de los primeros cursos correspondientes a los ciclos básicos de las carreras de Ciencias Exactas e Ingenierías, dependientes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
La ceremonia tendría lugar en el edificio de la ex Colonia SEGBA, ubicado en la calle 508 entre 517 y 521, con la participación del vicerrector de la casa de altos estudios, Cr. Roberto Tassara, y del intendente municipal, Dr. Julio Miguel Municoy.
El curso de nivelación había consistido en el dictado de clases orientadas a suministrar conocimientos de matemáticas, previéndose luego la toma de dos parciales y la posibilidad de recuperatorios.
Las clases se iniciarían hacia fines del mes de abril. Luzarreta había acotado que, pese a no implementarse el curso de ingreso, los alumnos deberían superar el curso nivelatorio, ya que de lo contrario no podrían comenzar el ciclo lectivo.
En el edificio universitario de Quequén se dictaría un ciclo básico común de dos años para ocho carreras incluidas en el programa de estudios de la Universidad Nacional del Centro.
Se trataba de las licenciaturas en Ciencias Físicas y Matemáticas; Ingeniería en Sistemas; los profesorados de Física y Matemáticas; Ingeniería en Construcciones; Ingeniería Química; Ingeniería Electromecánica; y los profesorados en Física y Química de la Facultad de Ingeniería.
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