Lunes 29 de abril de 1996
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Iban a pagar salarios a los empleados suspendidos
El Concejo había insistido con la medida vetada por el intendente Municoy, quien el miércoles había autorizado que se les abonara
El Concejo Deliberante había insistido por unanimidad en que se les pagaran los días a los casi treinta trabajadores que habían estado suspendidos en el primer ajuste de personal realizado el verano pasado por el intendente Julio Municoy, con eximición de concurrir a sus labores.
En la medida del intendente se había incluido el término "sin goce de sueldo", lo que había motivado la crítica de la oposición y el acompañamiento de parte del bloque oficialista en el pedido de que se cancelaran los haberes.
La decisión de insistir en que se abonaran estas jornadas de suspensión se había adoptado al aprobar uno de los dos artículos de la ordenanza del HCD vetada por Municoy.
De esta manera se había rechazado parcialmente el decreto de veto dictado por el Departamento Ejecutivo. El tema había sido abordado en la última sesión ordinaria del cuerpo edilicio.
El restante, vinculado a la derogación expresa de uno de los artículos por los cuales se había suspendido y se había eximido de la obligación de prestar servicio a los agentes, "sin goce de haberes", había quedado vetado, al no haber logrado la oposición los dos tercios necesarios para su insistencia.
El oficialismo había acompañado el reclamo por el pago de haberes, pero no lo había hecho con la derogación de la medida del DE, al entender que era su facultad disponer sobre la política de personal, en este caso la suspensión de concurrir a trabajar.
En la misma sesión se había conocido un decreto firmado el miércoles por Municoy, en el cual se autorizaba que se abonaran "a las personas suspendidas y eximidas de prestar servicios (...), que lo hayan reclamado, los haberes correspondientes".
Esta última decisión del Departamento Ejecutivo se había producido a partir de un pedido realizado por el bloque de ediles del PJ. En los considerandos del decreto se informaba que los agentes involucrados en la suspensión pertenecían "al grupo ocupacional jerárquico", quienes "dejaron de pertenecer al plantel de la comuna".
Esto había concluido en un ahorro en los gastos de personal. Además, el DE había "procedido a la definitiva eliminación" de algunas dependencias y de "unidades jerárquicas ociosas para el municipio".
Para el tratamiento del veto del intendente Municoy, se habían presentado dos despachos: uno impulsado por los bloques de la ACT, UCR y del partido PAIS, insistiendo en la totalidad de la ordenanza, y otro del PJ haciendo lo propio con sólo uno de los artículos.
Los ediles habían aprobado que se tratara artículo por artículo, lo que había determinado que el concejal de la ACT, Gerardo Peña, señalara que "estamos ante una profunda contradicción del bloque oficialista, porque los dos artículos están íntimamente ligados". "Los agentes suspendidos van a poder cobrar", indicó. La edil del PJ, Ana Argel, aclaró que "no es competencia del HCD legislar sobre decretos" y actos propios del DE.
Concesión del agua
El presidente del Comité Emiliano Abásolo de la Unión Cívica Radical de Necochea, Benito Martínez, había brindado su apoyo a la realización de una "consulta popular no vinculante" en Necochea, a fin de determinar la opinión ciudadana sobre el futuro de la prestación del servicio de agua corriente y cloacas.
En una nota de prensa, se indicaba que en la convocatoria se debería interrogar al contribuyente sobre si el citado servicio debía ser prestado por el municipio o por los privados, "con control del Estado".
La posición de la UCR se producía a menos de un mes de haber brindado el aval partidario a la integración del bloque de concejales a las comisiones —CAIP y luego Comisión Mixta— propuestas por el intendente Julio Municoy para el seguimiento de las iniciativas privadas interesadas en explotar varios servicios públicos municipales.
El proyecto de consulta popular había sido presentado una semana antes por el Movimiento Nacional Futuro de la UCR de Necochea.
Obras en barrio Sudoeste
La Asociación Vecinal del Barrio Sudoeste había solicitado que una parte del dinero que la Municipalidad recibiera por la venta de las tierras para la instalación de un hipermercado fuera destinada a la realización de obras de infraestructura en ese sector.
El requerimiento había sido formulado al intendente Julio Miguel Municoy, durante una reunión realizada en la sede de la entidad y que había contado con la presencia de un centenar de vecinos. Durante el transcurso del encuentro se había dialogado acerca de otras cuestiones relacionadas con el mencionado barrio, prometiéndose solucionar algunas de las carencias planteadas.
El jefe comunal había concurrido acompañado por integrantes de su equipo de gobierno y los vecinos habían fundamentado cada uno de los pedidos.
"Aquí hacen falta muchas obras, como cloacas, agua corriente, cordón cuneta o pavimento, así que entendimos conveniente solicitar que una parte de lo que se obtenga por la venta de las tierras, sea destinado a este sector", dijo el presidente de la Asociación Vecinal del Barrio Sudoeste, Daniel Diez.
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