Lunes 22 de enero de 1996
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La Municipalidad cancelaría sus deudas con bonos de la Provincia
Para acceder al régimen, los acreedores deberían presentar la liquidación judicial aprobada o la conformidad del municipio. El plazo había sido de ocho años.
Regía en la Provincia de Buenos Aires la ley de consolidación de deudas municipales. Con este instrumento, las comunas podían hacer frente a sus pasivos —con algunas excepciones—, entregando certificados o bonos a sus deudores, con un plazo de ocho años para su cancelación.
Al respecto, el intendente Julio Miguel Municoy había suspendido el 1º de enero toda deuda anterior a esta ley, procediendo al relevamiento del saldo de cada proveedor como paso previo a incorporarlos a este régimen.
Los municipios beneficiados por la norma bonaerense, mencionada en diciembre anterior, debían realizar una rebaja presupuestaria mínima del 12,5% para atender el pasivo consolidado. La amortización de capital se realizaría de manera semestral, en 16 cuotas iguales.
Con estos certificados, que devengarían un interés mensual, los acreedores podrían cancelar sus compromisos tributarios u otras obligaciones con los municipios, así como pagar tasas e impuestos provinciales.
La ley declaraba “en el ámbito de las Municipalidades de la Provincia, el saneamiento financiero de las mismas, atendiendo a la emergencia económica por la que atraviesan”.
Además, promovía la consolidación en las comunas de las obligaciones vencidas o de causa o título anterior a la fecha de vigencia de la ley, que consistieran en el pago de sumas de dinero o que se resolvieran en el pago de sumas de dinero, en los siguientes casos:
cuando se tratara de deudas corrientes reconocidas;
cuando mediara o hubiese mediado controversia judicial o administrativa conforme a las leyes u ordenanzas vigentes;
cuando se tratara de obligaciones accesorias a una obligación consolidada;
cuando el municipio hubiera reconocido el crédito y hubiera propuesto una transacción.
La ley dejaba excluidas las deudas inferiores a 3.000 pesos, así como los nuevos municipios del Conurbano, los organismos financieros dependientes de las comunas, los compromisos con los trabajadores y con organismos públicos bonaerenses.
“Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa definitiva que cuente con la conformidad del municipio”, establecía la normativa.
Los recursos que anualmente se asignaran en el presupuesto municipal para atender el pasivo consolidado debían ser, como mínimo, del 12,5% de la deuda total y se imputarían al pago de los créditos reconocidos.
Los certificados de cancelación tenían las siguientes condiciones:
plazo de ocho años;
amortización de capital en 16 cuotas iguales, semestrales y consecutivas, venciendo la primera el 30 de septiembre de ese año;
posibilidad de transferencia;
rentas en servicios de intereses semestrales, calculados sobre saldos a la tasa promedio de caja de ahorro común publicada por el Banco Central, venciendo conjuntamente con la amortización de capital.
Los certificados podían utilizarse para el pago de deudas por gravámenes u otros conceptos con los municipios emisores, así como para el pago de tasas e impuestos provinciales.
Pedido de la UCR a Municoy
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Necochea había manifestado su profunda preocupación y rechazo a la posición asumida por el intendente Julio Miguel Municoy, al suspender a un grupo de trabajadores de carrera de la Municipalidad de Necochea, “amparándose erróneamente en la legislación provincial, ley 11.685, que no autoriza este tema”.
Además, habían vinculado su malestar con la convocatoria a la iniciativa privada para proceder a la privatización de variados servicios, instalaciones y prestaciones municipales.
En una nota, habían solicitado que la comuna “cumpla la función para la cual ha sido creada y no abandone a los ciudadanos a la suerte del negocio que supone la privatización de los servicios”.
Los ediles de la UCR señalaban que las decisiones del jefe comunal “apuntan a convertir a la Municipalidad de Necochea en un organismo desertor de sus funciones esenciales, establecidas por la Ley Orgánica”.
Creación de la “banca abierta”
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Necochea había propuesto la creación, en el ámbito del Concejo Deliberante local, de la denominada “Banca abierta”, como una forma de “incorporar nuevas y diferentes maneras de participación ciudadana”.
El proyecto de decreto correspondiente se encontraba a consideración del cuerpo deliberativo. De acuerdo con los autores de la iniciativa, a través de este mecanismo los ciudadanos podrían “expresar una opinión, realizar un reclamo o fundamentar una propuesta, en tanto el tema cuya exposición se desee esté en consonancia con los objetivos”.
Se sostenía que la “Banca abierta” se creaba para:
generar un medio ágil, informal y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u opiniones de vecinos e instituciones;
promover una mejor comunicación entre los vecinos, las instituciones y el HCD, en forma orgánica y pública;
contribuir a la difusión de los temas de interés comunitario.
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