“Los que no quieren el cambio, no les importa ni los menores ni la seguridad de las víctimas”
Así lo aseguró el exjuez y abogado penalista, Eduardo Gerome, en la entrevista en "Punto de Vista" por Ecos Radio, FM 97.9
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La reciente aprobación del nuevo régimen penal juvenil en el Senado de la Nación, que fija en 14 años la edad de imputabilidad, continúa generando fuertes repercusiones en el ámbito jurídico y político. Uno de los que expresó una postura contundente a favor de la reforma fue el abogado penalista y exjuez Eduardo Gerome, quien defendió la modificación y cuestionó duramente a quienes se oponen.
Durante la entrevistada realizada en “Punto de Vista”, por Ecos Radio, FM 97.9, Gerome sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad era una discusión pendiente desde hace años en Argentina y que el país se encontraba desfasado respecto de otros sistemas legales. En ese marco, argumentó que la realidad actual, atravesada por hechos delictivos protagonizados por adolescentes, obligaba a revisar el esquema vigente.
El letrado fue más allá y lanzó una frase que resume su posición: “Los que no quieren el cambio, no les importa ni los menores ni la seguridad de las víctimas”. Para el exmagistrado, mantener el régimen anterior implicaba sostener un sistema que no lograba intervenir de manera efectiva cuando un joven comenzaba una trayectoria delictiva.
Según explicó, uno de los problemas centrales era la reiteración de conductas sin consecuencias concretas. A su entender, cuando el Estado no actúa en las primeras etapas, el menor puede avanzar hacia delitos más graves. En cambio, una intervención temprana permitiría aplicar herramientas legales que incluyan sanciones, seguimiento y medidas orientadas a la reinserción.
Gerome también aclaró que la nueva ley no implica automáticamente la privación de la libertad para todos los adolescentes que cometan delitos. El régimen penal juvenil contempla distintas alternativas, como medidas socioeducativas, acciones de reparación y programas específicos que buscan generar responsabilidad sin descuidar el proceso formativo.
En su análisis, subrayó que el eje debe estar puesto en que el delito tenga una consecuencia y que el sistema combine sanción con acompañamiento. Para ello, consideró indispensable que el Estado asigne recursos, cree estructuras adecuadas y garantice controles efectivos.
La reforma, que fue aprobada tras un intenso debate parlamentario, reabre la discusión sobre imputabilidad, prevención del delito juvenil y el equilibrio entre garantías individuales y protección de la sociedad. Mientras algunos sectores advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos, voces como la de Gerome sostienen que el cambio apunta a dar una respuesta a una problemática que, aseguran, viene creciendo en los últimos años.
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