La fiscalía solicitó 12 años de prisión para Leopoldo Luque por la muerte de Diego Maradona
Los fiscales generales adjuntos de San Isidro pidieron penas de prisión para el neurocirujano y otros profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual.
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Los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron que el neurocirujano Leopoldo Luque sea condenado a la pena de 12 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona. Durante su alegato, Patricio Ferrari enumeró las acciones y omisiones ocurridas entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, periodo que abarca desde el traslado del paciente tras su operación por un hematoma subdural hasta su fallecimiento en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre.
Para el Ministerio Público, Leopoldo Luque, la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov cometieron el delito de homicidio simple con dolo eventual. Al respecto, Patricio Ferrari señaló:
En ausencia de medidas correctivas, habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia produjeron el resultado.
En el marco de la audiencia ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, la fiscalía solicitó diez años de prisión para Nancy Forlini y ocho años para Agustina Cosachov. Asimismo, para otros tres acusados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, se pidieron penas de entre cuatro y cinco años de cárcel, además del doble de inhabilitación para ejercer la profesión, al considerarlos autores de homicidio culposo.
Sobre la situación de los imputados, los fiscales adelantaron que no pedirán la detención por considerar que no existe riesgo de fuga y que los acusados han estado siempre a derecho. Sin embargo, solicitaron que se mantenga la prohibición de salida del país y la entrega de pasaportes. Finalmente, la fiscalía decidió no presentar cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, al concluir que no tuvo responsabilidad penal ni potestad de decisión sobre la salud del paciente.
