Jueves 28 de marzo de 1996
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Irregular “venta” de obleas en Quequén a conductores
Dos personas aparentaban un operativo de tránsito. Los fondos serían para la Policía de Quequén
Al costado de la Avenida de Circunvalación había un auto particular estacionado. A su lado, un policía vestido con ropa reglamentaria y, un poco más allá, una segunda persona que, a la distancia, también parecía pertenecer al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque vestía pantalón azul, camisa celeste, corbata azul y, a veces, una campera también azul.
La imagen se reiteraba todos los días, desde hacía ya un largo tiempo, aunque en diferentes sitios de la Avenida de Circunvalación, en Quequén. El que parecía policía —pero no lo era— era el encargado de hacer gestos y ademanes que provocaban la detención de camiones y automotores que circulaban por allí. También tenía como misión conversar con los conductores y ofrecerles una oblea al módico precio de 10 pesos, “como colaboración con la Policía, para comprar combustible, papelería, etc.”.
En general, los conductores se sorprendían, y la enorme mayoría optaba por pagar los 10 pesos y seguir su camino, quizás en el entendimiento de que era una suma que le evitaría inconvenientes, porque la oblea funcionaría como una suerte de “protección” una vez pegada en el parabrisas. “Si colaboro con la Policía me voy a evitar problemas”, probablemente decía el inconsciente colectivo.
Esta historia se repetía todos los días y bajo las mismas circunstancias. La gran mayoría de los conductores entendía estar en presencia de un operativo de tránsito. Cuando se daban cuenta de que se trataba de otra cosa, ya era tarde.
Como resultaba fácil apreciar, se trataba de un operativo absolutamente irregular, no sólo por sus objetivos, sino por la forma en que se estaba implementando.
¿Quién autorizaba estos operativos “truchos”? ¿La Policía? ¿El municipio? En la comuna este tema no se desconocía, ya que, incluso, habría motivado controvertidas posiciones entre concejales del oficialismo.
La Municipalidad hacía ya un largo tiempo que había incorporado a las facturaciones de consumo de energía eléctrica que emitía la Usina una sobretasa de 50 centavos por medidor, destinada al mantenimiento de los móviles policiales. ¿No alcanzaba ese dinero? Si esto era así, nadie lo había expuesto con suficiente claridad en el Consejo de Seguridad del distrito, ámbito en el que debían discutirse estos temas.
En consecuencia, el contribuyente ya estaba pagando por partida doble lo atinente a seguridad. Por un lado abonaba sus impuestos provinciales y, por el otro, 50 centavos más mediante la factura que emitía la Usina.
Parecía que esta irregular situación estaba amparada por la Policía y por el propio municipio, que estaba en conocimiento de lo que ocurría y nada hacía para terminar con una maniobra que no era la primera vez que sucedía en el distrito, pero que parecía tener activos continuadores. Se esperaba una contundente respuesta a una acción que echaba sombras de sospechas sobre jefes policiales, miembros de la citada cooperadora y hasta el propio municipio.
Pedido de renuncia
Los bloques de concejales de la Agrupación Comunal Transformadora habían solicitado la noche anterior al intendente Municoy la renuncia del asesor municipal en seguridad, comisario mayor (R.A.) Héctor Francisco Bicarelli, quien había sido repudiado por un grupo de personas el domingo anterior, en el acto en el que se recordó el golpe iniciado el 24 de marzo de 1976.
El tema había sido abordado en el marco de una sesión extraordinaria, que había dado inicio con una recordación a la fecha. Como se recordaba, en el citado acto se habían escuchado expresiones desde el público dirigidas a Municoy, reclamando el alejamiento de Bicarelli.
Las críticas de la oposición hacia el asesor en seguridad se habían referido a su supuesta vinculación con el accionar represivo. El concejal de la ACT, Gerardo Peña, había realizado un llamado a la reflexión a las autoridades locales y había destacado que Bicarelli había tenido una “aceitada participación” en el proceso, negando informaciones y tratando de mala manera a familiares que habían concurrido a consultarlo sobre la situación de personas desaparecidas. Remarcó, también, que tenía actuaciones por apremios ilegales y torturas.
Construcción en Barrio Norte
La Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Norte se encontraba abocada a la construcción de su edificio propio, que incluiría la sede social y el centro de salud. Por este motivo, los directivos habían iniciado una serie de gestiones tendientes a concretar este anhelo y contribuir a mejorar la calidad de los servicios en la barriada.
Estaba contemplado que el inmueble fuera levantado en la calle 72, entre 47 y 49, según había manifestado el presidente de la entidad, Luis Cartocetti.
Recordó que las tramitaciones se habían iniciado hacía más de una década, pero luego se habían interrumpido por distintas cuestiones, para posteriormente ser retomadas por la comisión directiva.
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