Josefina Ignacio: “Ya no alcanza con denunciar los problemas de las cárceles”

La reforma del sistema penitenciario plantea la necesidad de revisar las condiciones de encierro, fortalecer las políticas de educación y trabajo y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Durante una entrevista en el programa Punto de Vista, de Ecos Radio, la licenciada en Ciencias Políticas y periodista Josefina Ignacio explicó los ejes de un modelo alternativo que busca impulsar junto con la Facultad de Derecho y distintos actores vinculados al ámbito carcelario.

Ignacio, comisionada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, señaló que desde la Asociación Pensamiento Penal trabajan desde hace años en propuestas para transformar las cárceles. La iniciativa retoma un modelo presentado hace más de una década en el Congreso de la Nación, a partir de una convocatoria impulsada por Mario Juliano.

“Ya no alcanza con denunciar los problemas de las cárceles, sino que tenemos que comprometernos con esa realidad y ver cómo transformarla”, sostuvo.

Una propuesta con participación de distintos sectores

La actualización del modelo contempla una jornada de trabajo con representantes del Poder Judicial, el Servicio Penitenciario Bonaerense, organizaciones de derechos humanos, organismos de control, asociaciones de familiares, personas liberadas, universidades y funcionarios del Ministerio de Justicia.

Según explicó Ignacio, el objetivo es identificar experiencias que ya funcionan en las unidades penitenciarias y generar herramientas para sostenerlas en el tiempo. Entre ellas, mencionó las propuestas educativas universitarias, las iniciativas de organizaciones sociales y las oportunidades laborales.

“Tratar de construir una política de Estado que reconozca todas estas buenas prácticas y que puedan sostenerse en el tiempo”, indicó. La intención es elaborar un documento junto con la Facultad de Derecho que reúna los aportes del encuentro.

Entre los ejes planteados, mencionó la posibilidad de ubicar las unidades penitenciarias cerca de los centros urbanos para facilitar el contacto familiar, priorizar establecimientos pequeños o medianos en lugar de grandes complejos y ampliar las oportunidades de educación y trabajo en las cárceles.

También propuso que las trayectorias educativas iniciadas durante el encierro puedan continuar una vez recuperada la libertad, con mayor participación e inversión de los ministerios correspondientes.

Comunicación y derechos humanos

Otro de los puntos abordados fue la comunicación de las personas detenidas con el exterior. Ante la preocupación por el uso de celulares para cometer delitos desde las cárceles, Ignacio aclaró que la propuesta apunta a garantizar el contacto familiar mediante mecanismos controlados.

“Siempre es seguridad y derechos. Hay que encontrar ese equilibrio”, afirmó, y remarcó que las medidas de control no deben implicar una vulneración de las garantías previstas en las normas de ejecución penal.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de abrir las cárceles a la comunidad, facilitar el ingreso de organismos de control y organizaciones sociales, y mejorar la formación y las condiciones laborales del personal penitenciario.

“No podemos pensar en una cárcel que respete los derechos humanos sin pensar también en el personal penitenciario”, expresó.