Después de la Asamblea Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que los dirigentes votaron para que Claudio “Chiqui” Tapia presida la Asociación hasta 2028, el Gobierno respondió de inmediato: “El proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado”. La dura frase fue dicha por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, quien además agregó que los votantes “cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos”, por lo que “vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”. Esas acciones pueden incluir la intervención y, de hecho, hasta la liquidación de la entidad.

El funcionario ya lo había anticipado este miércoles: “Los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”.

Y tras la reelección de Chiqui Tapia, Vítolo fue tajante: “Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como presidente de la AFA”. Y agregó que “nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, que había solicitado no someter a votación determinados puntos del orden del día estipulado, entre ellos la reelección del expresidente de Barracas Central.

El titular de la IGJ, tras insistir en declaraciones a Radio Mitre con que la asamblea de la AFA fue “ilegal y nula”, aseguró que los dirigentes “no están acostumbrados a que se les pongan límites”.

Esto se da en medio del conflicto de la AFA con el Gobierno, a raíz del proyecto para que las sociedades anónimas (SAD) puedan desembarcar en el fútbol argentino.

Temas prohibidos

En la asamblea participaron como veedores de IGJ el director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Allí advirtieron a los asambleístas y las autoridades sobre la vigencia de la resolución de IGJ que dispuso que no puedan tratarse los temas de la reelección ni de cambio de estatuto, que entre otras cosas modificaba el domicilio de la sede principal del fútbol argentino, mudando la jurisprudencia de Capital Federal a la provincia de Buenos Aires.

En la carta orgánica de la IGJ se especifica que el organismo “puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención, o requerirle el retiro de la autorización, la disolución y liquidación” de sociedades que “violen la ley, el estatuto o el reglamento”.

Mientras tanto, hay preocupación por la decisión que puede tomar la FIFA con respecto al caso, ya que sus normas prohíben expresamente la interferencia política en los asuntos de las federaciones nacionales. De hecho, es posible que haya sanciones, se suspenda la AFA o incluso se la desafilie de la máxima entidad futbolística.