En tan solo cinco meses el gobierno de Javier Milei ya ha convencido a la dirigencia política que no va a detenerse en su voluntad de cambiar el status quo construido en los últimos 40 años de democracia. Todas las costumbres, prerrogativas y facultades que la política construyó para, en cierta forma, convertirse en una nueva clase social, comienzan a estar en la mesa de discusión pública y en ese terreno la dirigencia no encuentra cómo articular una respuesta en su defensa.

Por ello, por lo menos hasta ahora, la respuesta solo pasa por la obstrucción de todas y cada una de las propuestas del Ejecutivo. Por ejemplo, el ajuste fiscal, la propuesta de eliminar para siempre el déficit fiscal y desterrar la emisión espuria de dinero, el cierre de empresas públicas, la reducción de estructuras y cargos del Estado, etc. Las propuestas que están en pleno debate sobre la Ley Bases y la Reforma Fiscal son tan solo el comienzo de los cambios que se pueden avizorar y que constituyen una amenaza letal para todos aquellos dirigentes políticos que se resisten a asumir la inevitabilidad de dichos cambios.

Un hecho emblemático que nos permite ver que detrás de este presente se abre un futuro de cambios muy profundos, difíciles de predecir en su devenir, es la corrupción en el ejercicio de la función pública.

Estos emblemas de la corrupción comparten un perfil preocupante. En ningún caso fueron presentados a la opinión pública por investigaciones o trabajos de los organismos públicos diseñados institucionalmente para “evitar” que dichos actos de apropiación ilegal de los recursos públicos sucedieran. La Auditoría General de la Nación con sus 1.500 especialistas, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, y la Justicia en general, son las herramientas que la Institucionalidad Democrática ha diseñado para evitar que los recursos públicos de todos los argentinos sean robados por funcionarios desleales, pero evidentemente no han servido para evitar que la corrupción se haya extendido a todos y cada uno de los pliegues del Estado.

Asimismo serán necesarios cambios en la forma de funcionar de la Justicia. En estos días está comenzando el juicio oral y público por la causa Skanska. ¡25 años después! No se va a recuperar ni un centavo y los implicados si son inocentes han sufrido una injusticia terrible por esta dilación. Si son culpables, se la llevaron de arriba.

Otro espacio de nuestra institucionalidad que está llamado a un profundo cambio es el corazón de la política, el Poder Legislativo. Durante décadas los diputados y los senadores eran figuras prácticamente desconocidas para el gran público.

En un país presidencialista y con una predominancia de gobiernos kirchneristas y peronistas, el Congreso funcionó la mayor parte del tiempo como una escribanía del Poder Ejecutivo. Por el contrario, cuando gobernó el Partido Radical o Juntos por el Cambio, el esquema fue de una negociación cuasi extorsiva que dificultó la gestión del Ejecutivo. Hoy el Gobierno está intentando cambiar las reglas del juego y desde una posición de suma debilidad en lo que se refiere a la cantidad de legisladores propios o afines, intenta evitar que la oposición Kirchnerista y Dialoguista introduzcan tantos cambios y modificaciones que terminen, como se proponen, de desvirtuar los instrumentos legales.

Las listas sábana están en el corazón de ese funcionamiento y seguramente no van a durar mucho más.

Los cambios recién comienzan, el Gobierno de Milei va a lograr estabilizar la economía y comenzar a crecer. Sin embargo, la sociedad, está comprometida con un proceso de cambio que no termina allí. La organización y los actores de la política van a enfrentar un tremendo desafío si pretenden seguir siendo parte del desafiante proceso que enfrenta nuestra Argentina.///

Por Eduardo Jacobs- Magíster en Filosofía de la Economía de la Universidad de Cambridge

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