El Concejo le pide a la Corte que rechace el conflicto de poderes
El vicepresidente del Concejo Deliberante, Juan Cerezuela, confirmó que la respuesta ante la Suprema Corte ya fue presentada y cuestionó la judicialización
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El Concejo Deliberante de Necochea presentó en la mañana de este martes la contestación al conflicto de poderes planteado por el Departamento Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense por la ordenanza que establece beneficios tributarios y administrativos para veteranos de Malvinas, sus viudas y derechohabientes.
La presentación fue realizada con el patrocinio legal del abogado Guillermo Mazza y lleva la firma de Juan Cerezuela, quien se encuentra a cargo de la presidencia del cuerpo legislativo tras la licencia de Marcelo Schwarz.
“Se trabajó muy bien con todos los bloques. Se contrató un abogado especialista en este tema y ya está dada la respuesta. Teníamos tiempo hasta mañana, pero ya hoy (martes) se presentó totalmente en tiempo y forma”, afirmó Cerezuela.
El vicepresidente destacó que, pese a las diferentes miradas políticas existentes dentro del deliberativo, se logró alcanzar una posición común para defender las facultades institucionales del Concejo. Según indicó, la presentación fue revisada por concejales de distintas fuerzas políticas y por profesionales del Derecho para “no dejar nada fuera de lugar”.
En la contestación, el cuerpo deliberativo solicitó el rechazo del conflicto de poderes promovido por el intendente Arturo Rojas y pidió además que se deje sin efecto la medida cautelar que suspendió la vigencia de la Ordenanza 12.148/26 y del decreto mediante el cual el Concejo insistió con la norma tras el veto del Ejecutivo.
Uno de los principales argumentos del escrito sostiene que no existe un verdadero conflicto de poderes, ya que la ordenanza fue sancionada en el marco de las atribuciones exclusivas que el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Concejo Deliberante para establecer exenciones tributarias.
Asimismo, la presentación rechaza de manera expresa que la norma invada competencias del Departamento Ejecutivo, altere el presupuesto municipal, comprometa la sustentabilidad financiera de la comuna o condicione la formulación del presupuesto del próximo año.
En ese sentido, los concejales remarcaron que los beneficios previstos recién entrarían en vigencia en 2027 y que, por lo tanto, el Ejecutivo dispone del tiempo suficiente para contemplarlos al momento de elaborar el proyecto de presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva.
El escrito también pone el foco en el impacto económico de la medida. Según se señala, el universo de beneficiarios alcanza entre 40 y 45 personas y el costo fiscal estimado ronda los 30 millones de pesos anuales, una cifra que representa apenas el 0,029% del presupuesto municipal vigente.
Para Cerezuela, el trasfondo del conflicto excede la discusión jurídica y refleja una tensión institucional que viene profundizándose entre ambos departamentos del Estado municipal.
En contra de la judicialización
“Nos parece que desde el Departamento Ejecutivo hay un modus operandi en el cual el Concejo Deliberante quieren que sea nada más que una escribanía que firme las cosas que bajan del Ejecutivo”, sostuvo.
No obstante, el edil consideró que las diferencias entre poderes forman parte del funcionamiento democrático, aunque advirtió que el permanente enfrentamiento no contribuye a resolver las necesidades de la ciudad.
“Me parece que es sano que cada poder tenga su fuerza y la ejercite, pero no está bueno para gobernar una ciudad que está pasando los momentos que está pasando y con las necesidades que tenemos”, concluyó.
Ahora será la Suprema Corte bonaerense la encargada de analizar los argumentos de ambas partes y resolver si existió o no una invasión de competencias entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Necochea.///
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