Cuando decidir cuesta más que oponerse
La discusión por el aumento del boleto de colectivos dejó al descubierto un debate que trasciende el transporte urbano. En tiempos dominados por la lógica de las redes sociales y la confrontación permanente, la política vuelve a enfrentarse a un dilema tan antiguo como vigente. Representar también implica asumir el costo de tomar decisiones difíciles cuando las soluciones perfectas no existen
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Por Jorge Gómez
Para Ecos Diarios
En política suele ser más rentable denunciar que resolver. Criticar rara vez tiene costos. Decidir, casi siempre, sí. La última sesión del Concejo Deliberante de Necochea, en la que por 11 votos contra 9 se aprobó la modificación de la base de la polinómica que permitirá actualizar el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros, dejó una discusión que excede ampliamente los 1.900 pesos que costará el pasaje plano.
Lo verdaderamente interesante ocurrió detrás del número. Mientras buena parte del debate público quedó concentrada en el aumento, en la empresa prestataria, en las responsabilidades del Departamento Ejecutivo o en la demora de la licitación del servicio, apareció una reflexión mucho más profunda sintetizada en ¿cuál es la verdadera responsabilidad de quienes ocupan una banca otorgada por el voto popular?
La planteó el concejal Guillermo Sánchez. Y quizás por eso llamó la atención. No se trata de un dirigente oficialista intentando justificar una decisión de gobierno. Tampoco de alguien que recién llega a la función pública.
Sánchez acumula casi siete años como concejal, presidió el cuerpo durante parte de la gestión de Arturo Rojas, integró el oficialismo, luego tomó distancia y finalmente construyó, junto a Bartolomé Zubillaga, el espacio Avanza Necochea.
Conoce, entonces, las dos veredas. Sabe qué significa sostener decisiones desde el gobierno y también ejercer el control desde la oposición.
Su intervención tuvo un tono diferente. "No han aportado ninguna solución. Se han transformado en concejales de café, porque en un café opina cualquiera", afirmó durante el debate. Más adelante fue todavía más directo cuando les reclamó a algunos de sus pares que "no nos hagamos los boludos", una expresión coloquial que, en ese contexto, bien podría traducirse como "no nos hagamos los distraídos" o "no miremos para otro lado" frente a un problema cuya existencia todos reconocen.
Las formas podrán discutirse. El fondo del planteo merece una reflexión. Porque nadie desconoce que el transporte urbano atraviesa dificultades desde hace años. Nadie ignora las falencias del servicio, la situación económica de la empresa ni las demoras acumuladas para avanzar con una nueva licitación. Ese diagnóstico prácticamente reúne consenso.
La diferencia aparece cuando llega el momento de decidir. En ese punto es que Guillermo Sánchez puso el foco sobre una cuestión que la política contemporánea suele relegar, o sea la responsabilidad institucional.
"Todos sabemos cómo está el servicio. Nadie dice cómo resolver el tema", sostuvo. La frase parece sencilla, pero encierra uno de los mayores desafíos de cualquier democracia.
Existe una diferencia sustancial entre competir electoralmente y ejercer la representación política. Durante una campaña es legítimo cuestionar, prometer, denunciar y marcar diferencias. De eso se alimenta el debate democrático.
Pero una vez que los votos se cuentan, las bancas se ocupan y las responsabilidades institucionales comienzan, cambia la naturaleza de la función pública. Los vecinos ya no esperan solamente diagnósticos. Esperan decisiones.
Esas determinaciones, muchas veces, obligan a elegir entre una alternativa mala y otra peor.
Gobernar, legislar o controlar no consiste únicamente en expresar el descontento social. También exige administrar conflictos, ponderar riesgos y evaluar consecuencias.
La política moderna enfrenta, además, un desafío adicional. Las decisiones públicas ya no pueden descansar únicamente sobre convicciones ideológicas o intuiciones personales.
Deben apoyarse en información, estudios técnicos, análisis económicos y evidencia profesional. Esos datos no siempre conducen a las respuestas más populares, pero ignorarlos por temor al costo electoral suele terminar provocando daños mucho mayores para la comunidad.
La historia democrática ofrece innumerables ejemplos. Desde parlamentos europeos obligados a aprobar ajustes impopulares para evitar crisis mayores hasta congresos latinoamericanos que debieron votar leyes complejas en contextos económicos extremadamente delicados. En todos los casos aparece la misma tensión, o sea la conveniencia política inmediata frente a la responsabilidad institucional de prevenir un perjuicio mayor.
La madurez de una dirigencia se pone a prueba precisamente en ese nudo. No cuando abundan los recursos ni cuando las soluciones resultan sencillas. Sino cuando cualquier decisión tiene costos.
El debate del transporte urbano en Necochea encaja dentro de esa lógica. La discusión no pasaba únicamente por el precio del boleto. También implicaba evaluar qué ocurriría con un servicio público esencial si continuaba deteriorándose mientras se demora una nueva concesión, qué impacto tendría sobre miles de usuarios y sobre más de noventa familias que dependen directamente de esa actividad.
Se podrá coincidir o no con la solución adoptada. Lo que resulta mucho más difícil es desconocer la obligación de analizar las consecuencias de cada decisión... y también de cada no decisión.
Porque no decidir también es decidir. Muchas veces la política argentina parece haber invertido esa lógica. Se premia al que denuncia, al que intenta resolver. Se celebra la crítica permanente, y se sospecha del acuerdo.
Y cualquier coincidencia entre oficialismo y oposición suele interpretarse como una claudicación antes que como un ejercicio de responsabilidad institucional. Necochea tampoco escapa a ese fenómeno.
Durante estos últimos meses el Concejo Deliberante atraviesa una etapa compleja. Las reconfiguraciones de bloques modificaron mayorías, las diferencias políticas escalaron, y las disputas institucionales llegaron incluso al ámbito judicial.
El reciente dictamen del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense respecto de una ordenanza cuya validez fue cuestionada judicialmente constituye otra señal de alerta.
Más allá del desenlace definitivo del expediente el episodio deja una enseñanza evidente. Cuando la confrontación reemplaza al diálogo institucional difícilmente existan ganadores. Lo que suele perderse es tiempo, energía y capacidad para ofrecer respuestas a la comunidad.
Por eso vale la pena detenerse en el planteo de Guillermo Sánchez. No porque tenga razón en todo. Y no porque sus argumentos sean incuestionables. Sino porque introdujo un debate que la política local necesita darse.
La oposición cumple un papel indispensable. Controla, fiscaliza, señala errores y propone alternativas. Pero también gobierna desde el mismo momento en que ocupa una banca otorgada por la ciudadanía.
Representa a quienes la votaron y también a quienes eligieron otra opción. Encarna al usuario del colectivo, al trabajador de la empresa, al estudiante, al jubilado, al comerciante y al vecino que nunca participa de una discusión política.
Esa delegación exige algo más que rechazar proyectos. Requiere responsabilidad institucional, como -lo menos que se pide- estudiar cada expediente; escuchar opiniones técnicas; y analizar las consecuencias económicas y sociales, como así de fundamentar cada voto.
Pero, sobre todo, de explicar por qué, en determinadas circunstancias, acompañar una medida imperfecta puede resultar más beneficioso que sostener una negativa cómoda pero estéril.
La democracia no se fortalece cuando todos votan aquello que resulta más simpático o más rentable desde el punto de vista electoral. Se fortalece cuando quienes ejercen responsabilidades públicas son capaces de explicar decisiones difíciles, aun sabiendo que pueden pagar un costo político por ellas.
Esa diferencia separa al dirigente que permanece en campaña permanente de aquel que comprende el verdadero sentido de la función pública. Quizás allí radique la principal enseñanza que dejó el debate por el boleto.
El aumento pasará. Como pasaron tantos otros debates coyunturales. Lo que debería permanecer es la reflexión de fondo. Porque representar no consiste solamente en expresar el malestar de la sociedad, también significa asumir el deber de resolver problemas cuando las soluciones perfectas no existen.
Esa responsabilidad demanda escuchar, estudiar, fundamentar y decidir. Exhorta comprender que las instituciones no se sostienen con consignas ni con el aplauso efímero de las redes sociales, sino con dirigentes capaces de asumir las consecuencias de sus actos.
Al fin y al cabo, la ciudadanía no elige representantes para que describan los problemas que todos conocen. Los elige para que tengan el coraje de enfrentarlos y tomar decisiones fundadas, incluso cuando deban optar por el mal menor.
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